Levante-EMV, Valencia

La Intervención General del Estado acusó a la Generalitat Valenciana de quedarse en 2001 con los 23,7 millones de euros que el Gobierno central le había remitido para cubrir el déficit de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), según el semanario El Boletín. Entonces, el ministro de Economía del Gobierno de José María Aznar, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, exigieron a Zaplana la devolución, que no se produjo, de los fondos del Gobierno central que nunca llegaron a FGV.

El informe de la Intervención General del Estado referido a 2001 -aunque publicado en 2003- refleja que el Consell de Zaplana recibió ese año 23,7 millones del Estado para cubrir parte del déficit de FGV. Sin embargo, tal como ha revelado El Boletín, del mismo grupo empresarial que Levante-EMV, la Conselleria de Economía y Hacienda, dirigida entonces por Vicente Rambla -actual portavoz del Consell- descontó esos fondos de la deuda que el Estado mantenía con la Generalitat por diferentes causas. Esa utilización vulneraba el Contrato Programa que regulaba las ayudas estatales a los ferrocarriles autonómicos. Ante esta situación la Intervención General del Estado dio a la Generalitat dos salidas: abonar esos importes a FGV o devolverlos a la Administración central. Pero ni una cosa ni la otra, tal como señala la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana en sus informes de 2003 y 2004. De manera simultánea a la investigación de la auditora de las cuentas públicas del Estado, la Sindicatura aconsejó a FGV que evitara la mediación de la Generalitat y cobrara directamente del Gobierno central esas ayudas. Desde 2003, y una vez publicado el documento de la Intervención del Estado, el Síndic dejó de incluir esta recomendación y dio un paso adelante instando a la empresa de ferrocarriles a «efectuar las gestiones necesarias para procurar el cobro de las aportaciones pendientes de la Generalitat derivadas de la ejecución del Contrato Programa del periodo 1991 y 2001».

Ese Contrato regula las aportaciones del Estado y la Generalitat para cubrir el déficit de los ferrocarriles valencianos. Sin embargo, no sólo la Generalitat aprovechaba el dinero que le remitía el ejecutivo de Aznar para satisfacer sus propias necesidades, sino que la parte que debía entregar ella misma a FGV -34,1 millones de euros en 2001- ni siquiera fue reconocida en los Presupuestos.

La única opción que le quedó a la empresa fue cubrir su déficit mediante nuevos préstamos a muy largo plazo aumentando aún más su deuda. La dirección de FGV asegura que sí se cobró el dinero del Estado en 2002, pero no en 2003, 2004, 2005 ó 2006 al no haberse renovado el contrato entre las administraciones, situación que se espera subsanar con un acuerdo en 2006 ó 2007 que compense los años anteriores.

Sin embargo, la Sindicatura advirtió de otros impagos del Consell a FGV al margen de los derivados del Contrato Programa. Por ejemplo, en 2004 la Generalitat sólo dio a la empresa de ferrocarriles el 6,7% de las subvenciones comprometidas para ese ejercicio. De los 55,8 millones de euros presupuestados, sólo se remitieron 3,7 millones. En 2003 ocurrió lo mismo. De 45,9 millones de euros comprometidos, FGV cobró 10,4 por subvenciones de explotación, un 22,8%. La empresa de ferrocarriles se veía así obligada a pedir anticipos bancarios. Los impagos y desvíos de fondos se suman a las actuaciones contrarias a la legalidad. La Sindicatura desde el año 2002 denuncia constantes «incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos» por un valor total de 285 millones de euros. Es el caso de la contratación de deuda por parte de FGV para financiar obras que le correspondían a la Conselleria de Obras Públicas -hoy de Infraestructuras-. Según la dirección de FGV esto «ha empezado a subsanarse tras la creación en 2005 del Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat».