La juez archiva la causa penal por la tragedia del metro al señalar al maquinista como responsable

Regina Laguna, Valencia

La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia ha archivado la causa abierta por el accidente de la línea 1 del metro que causó 43 muertos entre las estaciones de Plaza de España y Jesús el pasado 3 de julio de 2006, al considerar que el fallecimiento del conductor extingue la responsabilidad penal, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La juez se apoya en que la causa del descarrilamiento fue la alta velocidad que alcanzó el tren en la curva, ya que el informe del perito no ha hallado ningún fallo técnico en la máquina ni en las vías. También exime de responsabilidad a la directora gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y al Consejo de Administración, ya que las medidas de seguridad establecidas son suficientes sin estimar necesario que una baliza limitara la velocidad de forma automática antes de entrar en el tramo del accidente.

En primer lugar, el auto dictado el 15 de marzo, tres días después de que el perito ratificara su informe, se fundamenta en el informe técnico de la policía que estableció el «exceso de velocidad como causa del descarrilamiento» , ya que el tren circulaba a 81 km/h, cuando la velocidad máxima establecida al entrar a la curva era de 40 km/h. A continuación, la juez fundamenta los diez folios de extensión del auto con el análisis del «completo y complejo informe pericial» , que fue ratificado el pasado 12 de marzo en el juzgado. El perito judicial, Andrés María Cortabitarte, vino a establecer que del estado del material, cajas, bogies y registros del tren «no se han apreciado fallos estructurales» . Tampoco apreció «desgastes importantes» en el trazado objeto del levantamiento topográfico. Además, «no hay sobreanchos en la vía fuera de tolerancia» y los peraltes en la curva «siguen unas progresiones dentro de las tolerancias admitidas» . Por último, su fundamentación se apoya en el informe aportado por FGV, confeccionado por los catedráticos de Ferrocarrils Manuel Melis y Andrés López Pita, así como por el titular de Ferrocarrils de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia, Ricardo Insa. Tras varias simulaciones, el informe concluye que «cualquier tren de las características del accidentado que circulase en el entorno de los 80 km/h en la zona de la línea 1 de FGV donde se produjo el accidente volcaría cualquiera que fuese el estado de la vía» .

Por último, la juez exime de «cualquier responsabilidad penal» a la directora gerente de FGV y a los miembros del Consejo de Administración de esta entidad. El auto explica que «no se les puede imputar la omisión de algún deber objetivo de cuidado» . La titular del juzgado añade que «la actividad ferroviaria en sí misma ya entraña un riesgo, como también lo es el tráfico rodado por carretera o el tráfico aéreo» .

La juez abunda en estos ejemplos y llega hasta el controlador aéreo para exponer que sólo «es exigible a las Administraciones que gestionan dicho tráfico el control de ese riesgo para que el mismo no exceda de los límites permitidos» . Y sigue exponiendo que «llegar a una conclusión distinta nos podría llevar a situaciones impensables como la de imputar a título de culpa penal al presidente de Renfe (hoy Adif), por los resultados lesivos en muchos de los accidentes ferroviarios en los que hubiese incidido el error humanos, si éstos se hubiesen podido evitar mediante otros medios técnicos capaces de neutralizarlo» .

Por ello, añade que «lo que no se puede exigir a los representantes de dichas administraciones es un control absoluto y total sobre el riesgo que entraña la actividad bajo amenaza de incurrir en responsabilidad criminal» , pues ello llevaría en la práctica a la «paralización de todas las actividades de gestión pública» que entrañasen un peligro.