J. V. G., Valencia
Seis de los ciento catorce artículos del Estatut de Cataluña recurridos por el PP ante el Tribunal Constitucional tienen un contenido similar al Estatut de la Comunitat Valenciana, aprobado tanto en las Corts Valencianes como en el Congreso de los Diputados con los votos favorables del propio Partido Popular. Los artículos recurridos de la carta catalana coincidentes con los del documento valenciano hacen referencia a la condición de ciudadano, a los derechos en el ámbito de los servicios sociales, a las funciones de la Sindicatura de Comptes, a la demarcación y la capitalidad judiciales, a los medios de comunicación y a la reforma de los títulos estatutarios, como se puede comprobar en la tabla ubicada en esta misma página.
Los datos fueron difundidos ayer por la Generalitat de Catalunya y están contenidos en un informe comparativo elaborado por el Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación entre el estatuto catalán y los de la Comunitat Valenciana, Baleares y Aragón, ya aprobados, así como la propuesta de reforma del de Castilla-La Mancha, pendiente de revisión en el Congreso, y el de Canarias, que aún no ha salido del Parlamento autonómico. En total, según el informe, el contenido de noventa y cinco artículos de la norma catalana recurridos por el PP están presentes de algún modo en ciento diecinueve artículos contenidos en los estatutos de dichas comunidades.
Respecto al texto valenciano, el informe asegura que, aunque a diferencia de lo ocurrido en el estatuto andaluz no existe ningún artículo redactado de forma idéntica, sí se dan once artículos de contenido similar a los recurridos por el PP en la carta catalana. Los dos estatutos otorgan la condición de ciudadano a las personas con vecindad administrativa en sus comunidades o que, encontrándose en el extranjero, hayan tenido su última vecindad administrativa en dichas autonomías. También garantizan que las personas en situación de pobreza puedan acceder a una renta de ciudadanía y establecen que la Sindicatura de Comptes es el órgano que fiscaliza y controla la gestión económica de los gobiernos autonómicos. Consideran como competencia compartida la regulación del sector comunicativo y determinan un procedimiento similar para la reforma estatutaria. En el caso de las demarcaciones judiciales, el texto valenciano va aún más allá que el catalán pues, mientras éste dice que el gobierno autonómico propondrá cada cinco años su revisión al ejecutivo central, el valenciano otorga a la Generalitat la capacidad de fijar la delimitación. Todos los preceptos mencionados están recurridos por el PP en el Tribunal Constitucional en el caso del Estatut de Cataluña.
Además de estos seis artículos, el informe hace referencia a los relativos a los derechos lingüísticos en la enseñanza, el consejo del audiovisual, la enseñanza, la notaría y la participación en la formación de las posiciones del Estado en asuntos europeos. Sin embargo, dichos cinco preceptos no guardan la misma similitud que los otros seis. A diferencia de la norma catalana, la valenciana no otorga al consejo audiovisual funciones reguladoras, no establece el valenciano como lengua vehicular de la enseñanza y supedita la participación en cuestiones europeas al criterio del Gobierno central, por citar algunos ejemplos.
El informe alude también a doce preceptos del estatuto catalán recurridos por el PP que, aunque de forma no desarrollada, están presentes en la norma valenciana. Son los referidos al agua, las cajas de ahorro, el consumo, los créditos y la banca, las emergencias y la protección civil, la energía y las minas, la estadística, el juego, el medio ambiente, la ordenación del territorio, la seguridad pública y los servicios sociales.
