Teresa Domínguez, Valencia

La capacidad de revisión física de los contenedores sospechosos de infringir las leyes españolas y comunitarias apenas alcanza a una cincuentena de los casi 4.000 mil que salen a diario del puerto de Valencia a bordo de camiones, según las cifras de tráfico de vehículos pesados que manejan las asociaciones de transportistas que operan en el recinto portuario valenciano.

De ese medio centenar de revisiones, veinte consisten en hacer pasar el camión por un gigantesco escáner que lee las entrañas del contenedor sin necesidad de abrirlo y las otras treinta, en la apertura física de la caja para ver la carga, inspeccionarla y, en su caso, analizarla en profundidad.

A las 50 revisiones de promedio diario que ordena realizar Aduanas en el puerto de Valencia, se le suman otras 60 que se llevan a cabo en el puesto de inspección fronterizo (PIF), dependiente de los ministerios de Sanidad y Agricultura y Pesca y que afecta a las mercancías farmacéuticas y a las de uso y consumo humano, básicamente.

El número de revisiones, que a juicio de la jefa provincial de Aduanas en Valencia, Mercedes Cano, se sitúan en una tasa "satisfactoria y adecuada" para las dimensiones del puerto de Valencia, se ve limitado por conceptos que poco o nada tienen que ver con los de detección de mercancía fraudulenta o ilegal.

Se trata de interferir lo menos posible en la actividad comercial del puerto. Por ello, Cano insiste en que lo idóneo es encontrar el equilibrio entre la incautación de mercancías de contrabando -droga y tabaco, sobre todo- o la detección de fraudes fiscales, arancelarios o a marcas, y el flujo económico del puerto.

Cada vez que se decide revisar la carga de un contenedor, se provoca un evidente retraso en la salida de la mercancía -entre unos minutos y varias horas, en función de la profundidad de la inspección- y se generan unos gastos que debe asumir, normalmente, el importador o, como mucho, la compañía aseguradora de la empresa transitaria.

De hecho, en una reciente investigación por narcotráfico, un mismo importador tuvo que costear los gastos extra que supuso la revisión de diez de sus contenedores ante la sospecha de que podían transportar cocaína. Y todos estaban limpios.

La revisión de un contenedor, según las fuentes consultadas por Levante-EMV, oscila entre los 300 y los 900 euros, en función de la profundidad del análisis al que sea sometido. En general, se requiere una cuadrilla de estibadores para manipular la carga, un camión que traslade el contenedor a un área de inspección y el alquiler del depósito aduanero, sino se complica con gastos suplementarios como el uso de una nave refrigerada -si la mercancía lo requiere-.

Perfiles de riesgo

Las revisiones rutinarias que ordena la aduana vienen precedidas por el análisis de la declaración sumaria que realiza la consignataria -número de contenedores y una somera descripción de la mercancía- y del documento único aduanero (DUA), que acompañará al contenedor en todo su tránsito hasta la salida del recinto portuario.

En función de qué se busque, se tienen en cuenta unos datos u otros. A partir de ahí, los contenedores entran en el canal verde -pueden seguir su ruta sin más-, en el naranja -es conveniente la revisión documental- o en el rojo -debería ser revisado físicamente-. Sin embargo, el volumen de entrada de mercancía en el puerto de Valencia es tal, que apenas se llega al 4 por ciento de revisiones en los de canal rojo y a un 18 por ciento en los que han entrado en el naranja.

En todo caso, este tipo de inspecciones se revelan poco eficaces a la hora de combatir la entrada masiva de cocaína por el puerto de Valencia, puesto que la inmensa mayoría se descubren gracias a las investigaciones de los grupos especializados de la policía y de la Guardia Civil.