R. Montaner, Valencia

El presidente de La Gavilla, Pedro Peinado, explicó que para exhumar los cuerpos de estos represaliados deben obtener la autorización del Ayuntamiento de Benagéber, al estar la fosa en un cementerio municipal, y en Albalat dels Tarongers de la Iglesia, ya que allí el camposanto es de titularidad parroquial. Para el traslado de los restos también haría falta la autorización de la Generalitat.

El alcalde de Benagéber, el socialista Rafael Darijo, ya avanzó ayer a este periódico que "no habrá ningún problema" para que se excaven las fosas comunes.

El alcalde de Albalat, Filiberto Prats (Bloc), señaló que en este municipio "la autorización la debe dar la Iglesia, el ayuntamiento no tiene ninguna competencia". El secretario general del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Morera, anunció ayer que se ha dirigido a sus 21 alcaldes y a todos sus grupos municipales para pedirles "una colaboración activa en los trabajos de investigación que se derivarán de la propuesta del juez Garzón".

Respecto al caso de Albalat, Peinado explicó que hasta ahora no han tenido ningún problema en consultar los archivos parroquiales y comprobar que el grupo de Manzanera está enterrado allí y en localizar la fosa común, por lo que confía en que las familias obtengan la autorización para recuperar a sus muertos. "No creo haya ningún problema y que la Iglesia nos niegue el permiso para exhumar", afirma.

En este sentido, recuerda que el Obispado de Cuenca autorizó la macroexcavación de las fosas comunes del monasterio de Uclés, uno de los mayores proyectos que ha acometido en España la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y en el que se recuperaron los restos de 439 personas, de las cuales 145 correspondían a militares y civiles muertos en el hospital del ejército republicano instalado en el monasterio en la guerra civil. El resto murieron durante su estancia en la cárcel que se creó en el edificio al término de la contienda.