Levante-EMV, Valencia

El plan urbanístico del Cabanyal en Valencia ha irrumpido en la escena del caso Gürtel. El secretario (no consejero) del consejo de administración de la sociedad inicialmente mixta y ahora 100% pública -Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana- Cabanyal 2010 es, desde su constitución, Alberto Dorrego de Carlos, quien a su vez ocupa idéntico cargo en Mediamed, la firma de medios de José Luis Ulibarri, imputado en el sumario que instruye el juez Baltasar Garzón. No acaban aquí los nexos porque Dorrego es socio del despacho de abogados del diputado por Valencia José María Michavila, y ejerce de vicesecretario en otra sociedad pública de la administración autonómica, Comunitat Valenciana d'Inversions.

¿Cómo llega este colaborador de Michavila y de Ulibarri a la sociedad gestora del plan del Cabanyal? La empresa encarga a Eius Abogados un informe jurídico sobre el Pepri que firma Dorrego el 19 de diciembre de 2005. Casi a la vez, al constituirse los cargos del consejo (posiblemente a propuesta del presidente y primer teniente de alcalde de Valencia Alfonso Grau) es designado secretario. El puesto de vicesecretario lo ocupa otro socio del mismo bufete, sustituido luego por otro y, en febrero de 2008, por un tercero, Santiago Reyna, de Eius Valencia.

Dorrego, hijo del ex senador de UCD y CDS Manuel Dorrego, figura a la vez en más consejos de administración. En VCI, empresa de la Generalitat presidida por Antonio Lis para atraer inversiones externas, es vicesecretario. En Mediamed Comunicación Digital -firma que se hizo con 13 licencias de TDT en la Comunitat- entró como consejero en junio de 2006 y, desde mayo de 2007, ejerce de secretario.

El sindicato Manos Limpias presentó un escrito a la Fiscalía en el que apuntaba a Eius, el despacho de abogados del ex ministro Michavila -hermano de la jefa de gabinete de Francisco Camps- como beneficiario de contratos del ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González, imputado en el caso Gürtel. Michavila, sin embargo, ha negado cualquier relación. Él y Dorrego comparten despacho con José Marí Olano, portavoz de Economía del grupo popular en les Corts.

El PSPV en el Ayuntamiento de Valencia ha presentado una batería de más de 200 preguntas sobre si hay contrataciones con empresas relacionadas con los imputados.