Ramón Ferrando, Valencia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, no está siguiendo los pasos de Pilar Miró, que dimitió tras el escándalo de la compra de trajes con dinero público. La polémica provocó un ataque sin tregua del grupo popular. Pilar Miró devolvió los casi 24.000 euros que se gastó en vestuario, y dejó que los tribunales resolvieran sin presiones. La directora de cine resultó absuelta. El asunto guarda muchas similitudes, aunque también diferencias con el caso Gürtel ya que Pilar Miró nunca negó que había comprado los trajes y defendió que eran para uso protocolario. El problema era que en los presupuestos de la radiotelevisón pública no estaban previstos ese tipo de gastos de representación.

Pilar Miró llegó a la dirección de RTVE en 1986 de la mano del presidente Felipe González. El asunto estalló a finales de 1988 y fue avivado por el ex diputado popular Luis Ramallo. La Audiencia Provincial de Madrid procesó a Miró por gastarse 23.465 euros en trajes de Jesús del Pozo y por entregar regalos pagados con dinero público valorados en casi treinta mil euros.

El caso Pilar Miró fue uno de los más llamativos de la cruzada popular contra la "corrupción socialista". Ramallo presentó en el juzgado la denuncia por un delito de malversación de fondos público. El político popular, que 10 años después se vio salpicado por el escándalo Gescartera, aseguró entonces que cumplía con una "obligación" que le imponía su "dignidad como español y como político".

Miró se vio obligada a renunciar a su cargo ante la presión del PP (que todavía se llamaba Alianza Popular), de algunos dirigentes socialistas y de profesionales de la corporación pública. El Gobierno, a través de la Intervención General del Estado, forzó a la directora de cine a devolver el dinero.

La dimisión se produjo en 1989 tras meses de tensiones. Miró no quería dimitir porque consideraba que no había errado. Dejó el cargo decepcionada con los socialistas que creían en ella y que al final la dejaron desamparada ante la presión mediática y de Alianza Popular, que pidió oficialmente su renuncia a través de una moción presentada en el Congreso.

El fiscal solicitó el archivo del caso, pero la Audiencia de Madrid siguió adelante con el procesamiento de Miró y la sentó en el banquillo de los acusados al encontrar indicios de que había cometido un delito de malversación de fondos públicos.

La Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE se personó en la causa como acusación particular y pidió 14 años de prisión. El presidente de la mutualidad de trabajadores de RTVE también reclamó una condena de 12 años de cárcel.

Algunos dirigentes socialistas ironizaron con que se equiparaba el supuesto delito de la directora de RTVE con un homicidio, por la magnitud de las penas. Sin embargo, eran las previstas por el Código Penal para un delito de malversación de caudales públicos.

Luis Ramallo denunció inicialmente "obstruccionismo" en el control parlamentario. Ramallo sostuvo que el mantenimiento de Miró en su cargo era insostenible "por la reprobación pública de su conducta y por la evidente pérdida de confianza de toda la Cámara, incluido el grupo socialista". Sin embargo, cuando el caso llegó a juicio reconoció: "No vi que Miró fuera consciente de que cometía delito".

La Audiencia absolvió en 1993 a la ex directora general de RTVE al no encontrar probado que hiciera las compras para un uso personal. El tribunal incidió en que Miró adquirió la ropa por necesidades de "representación" en virtud de su cargo y que los vestidos se encontraban en un armario que mandó construir en su despacho. Miró falleció en 1997, cuatro años después de ver restituida su imagen.