No hay ninguno de los numerosos escándalos de corrupción en las Islas Baleares, la mayoría de los cuales salpican a cargos del Partido Popular, que no haya investigado el fiscal valenciano Juan Carrau Mellado. Fundador y "alma mater" de la Fiscalía Anticorrupción de las Islas, ha pasado el último año inmerso en la Operación Espada, en la que se investigan las presuntas irregularidades en la construcción del velódromo Palma Arena, entre ellas una supuesta trama de financiación ilegal del PP, durante la presidencia del popular Jaume Matas.
Aunque la operación, en la que han sido detenidos tres antiguos cargos próximos al ex presidente Matas, se ha precipitado durante sus vacaciones estivales, Carrau Mellado lleva 12 meses indagando el supuesto desvío de fondos en este proyecto "estrella" del PP balear por el que se acabaron pagando unos 69 millones de euros más que los 41 inicialmente previstos.
Del caso Sóller al caso Andratx
Conocido en las Islas como el "azote del PP", este fiscal valenciano es familiar lejano del abogado Ignacio Carrau, último presidente de la Diputación de Valencia preconstitucional. Carrau Mellado es hijo de un primo del que fuera máximo responsable de la corporación provincial entre 1975 y 1979, según confirmaron ayer fuentes de la familia de esta saga de abogados.
El fiscal valenciano saltó a la fama en 1995 al protagonizar la investigación del caso Sóller, que acabó costándole el cargo al entonces presidente balear, el popular Gabriel Cañellas, por cobrar comisiones a cambio de la adjudicación del túnel de peaje de Sóller. Dos años después, el el Tribunal Superior de Justicia de Baleares falló que Cañellas y el resto de cargos del PP acusados cometieron un delito de cohecho al recibir del adjudicatario del túnel 50 millones de pesetas para financiar al PP, pero los absolvió al considerar que había prescrito.
En las Islas dicen que es "muy íntegro y trabajador" y alaban su capacidad "para tirar del hilo" hasta desenredar las tramas que ha investigado, cuenta un dirigente del Bloc per Mallorca, coalición que forma parte del actual tripartito entre socialistas, nacionalistas y regionalistas que gobierna Baleares.
Otro de los casos que ha destapado es el de Andratx, unas 60 causas distintas por corrupción urbanística en este ayuntamiento mallorquín gobernado por el PP. Tres años después de su detención, el entonces alcalde acumula dos condenas de prisión de cuatro años y el ex director general de Ordenación del Territorio de Matas otra de más de ocho años.
Antes de que estallara el Palma Arena, Carrau estaba investigando el origen del patrimonio acumulado por Matas durante los siete años que presidió Baleares, quien supuestamente habría adquirido un palacio en el centro de Palma a un precio muy inferior al del mercado. Unas pesquisas frenadas al denegar hace un mes el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, la prórroga que solicitó para continuar investigando, algo que no ha sentado nada bien al tripartito.
"Un árbol genealógico donde la savia es el Derecho"
La revista del Colegio de Abogados de Valencia señalaba en diciembre de 2004 que en el árbol genealógico de la familia del letrado y ex presidente de la Diputación de Valencia entre 1975 y 1979, Ignacio Carrau Leonarte, "la savia es el Derecho". Hijo y nieto de letrados, cuatro de sus siete vástagos continuaron una saga familiar que ya suma cinco generaciones de abogados. El iniciador fue José María Carrau Juan (1859-1938), quien en 1881 creó el Despacho Carrau, un bufete que 128 años después todavía sigue en activo. Carrau Juan, al igual que su nieto, también presidió la diputación. Lo hizo durante la dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1930. Destacado miembro de la burguesía valenciana de principio de siglo pasado, encabezó los consejos de administración de la Caja de Ahorros de Valencia y de la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles, así como también la Sociedad Económica de Amigos del País.
