El juez Baltasar Garzón precipitó la orden de entrada a las sedes de las empresas de la trama de Francisco Correa un 6 de febrero, consciente de que existía peligro de fuga del jefe de la red a Panamá y de destrucción de pruebas. En los días previos, entre los cabecillas de la organización corrupta vinculada al PP había acampado la desconfianza y el nerviosismo, ante las noticias que recibían de que la Fiscalía Anticorrupción y el juez Garzón les pisaban los talones.
Sabían que parte de sus ex compañeros, entre ellos el ex concejal madrileño Pepe Peñas, habían saltado al otro lado de la línea roja para colaborar con la Justicia. Entre el 28 de diciembre de 2008 y el 31 de enero de 2009, días antes de estallar el escándalo, este diario publicó una nueva remesa de artículos —una docena— en los que daba cuenta de las irregularidades detectadas por el Síndic de Comptes en las relaciones entre Orange Market, la franquicia valenciana de la trama, y el PP. La firma de Álvaro Pérez no había justificado el cobro de 175.000 euros facturados a los populares en la campaña de las autonómicas y municipales de 2007.
En la página siguiente de esta información se reproducen varios pasajes de conversaciones mantenidas entre el secretario general del PP, Ricardo Costa, su vicesecretario de organización, David Serra, el número dos e ingeniero financiero de «la organización mafiosa», según Garzón, Pablo Crespo —cofundador de Orange Market— y Cándido Herrero, que fue consejero delegado de la empresa. Diálogos que han sido transcritos en el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía judicial en el que se señala, como avanzó Levante-EMV el miércoles, que la cúpula del PP amparaba y organizaba la financiación ilegal del partido a través de firmas de la red corrupta y con la participación de varias empresas constructoras: Lubasa, Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos, Facsa y PIAF.
Dinero oficial y negro
En esencia, el documento policial, rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana —a petición del presidente Camps, de Campos y de Costa—, viene a certificar que los populares pagaron parte de los actos de sus campañas en dinero negro y, en otros casos, a través de facturas falsas que fueron endosadas a las citadas constructoras por supuestos servicios que jamás les había prestado Orange Market. Entre 2003 y 2009, la formación que preside Francisco Camps facturó alrededor de 1,8 millones de euros a la firma de Álvaro Pérez. De cada cuatro euros que ingresó, siempre hablando de la contabilidad oficial, tres provenían de la Generalitat —de la que las citadas constructoras son contratistas vip de obra pública— o del partido que la gobierna.
En la contabilidad de la firma creada el 24 julio de 2003, al tiempo que Francisco Camps llegó al Palau de la Generalitat, se aplican, según la policía, los mismos métodos contables que primaban en el corazón de las finanzas de la red, en la calle Serrano de Madrid, según se dedujo de la memoria USB incautada al contable José Luis Izquierdo. Por un lado se hacían asientos de pagos legales (inscritos como Alicante, en alusión a su condición de cobros en caja A) y en otra columna figuraban los apuntes de serie B, identificados como Barcelona.
Precisamente Barcelona fue la ciudad escogida por Pérez para celebrar el bautizo de su hija, del que fue padrino el ex director general de RTVV, Pedro García, dado que el padrino titular, Francisco Correa, ingresó en prisión el día 6 de febrero, 24 horas antes de la ceremonia. De ese acto hablan en las cintas, en las que también comentan la publicación en este diario de una noticia con foto en la que aparecía —el 31 de enero— el secretario general del PP, Ricardo Costa, en un concesionario de la selecta firma Infiniti. La acumulación de varias noticias cuestionando las cuentas de Orange Market —cuyo vínculo con los paraísos fiscales fue revelado en estas páginas— y las cinco concesiones de carrerilla que se llevó por montar Fitur desató la ira de Álvaro Pérez contra este diario.
De sus periodistas dice que van «a joder» y que son todos unos «hijos de puta». El calificativo lo dedica especialmente a Víctor Romero, el redactor de política que firmó las noticias y en esas fechas daba cobertura informativa al PP. Las transcripciones de las cintas contenidas en el informe policial son de lo más suculentas.
Reclama un talón urgente
En plena conversación sobre los problemas con la Sindicatura de Comptes y el ingreso de un talón urgente, que el PP reclama a Orange Market , Álvaro Pérez le transmite al vicesecretario de organización del PP, David Serra, que ha mantenido una conversación con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Le explica que cuando ha informado al jefe del Consell de que Ricardo Costa «tiene toda la documentación», el presidente le ha replicado: «no sé ni de lo que me hablas». Y añade un «ya, ya, pero bueno, que lo sepas», que da a entender que había captado el mensaje de que Camps disimulaba.
Entonces, Serra aclara tajante: «Ése lo sabe todo, Álvaro». Pérez contesta que igual «alguna hija de puta lo ha calentado», en alusión a alguna colaboradora de Camps a la que no cita. Las relaciones entre la cúpula del partido y el núcleo de Presidencia, que falló a la hora de fijar un cordón sanitario para alejar a Camps de la red de Correa, eran ya muy tensas.
Informe en el limbo jurídico
El informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales, que abarca nada menos que 89 páginas con varios anexos con información obtenida hasta de los ordenadores de las empresas, es el resultado de los trabajos de inspección de la contabilidad de las sociedades de la trama y de varias grabaciones, unas pesquisas de campo realizadas entre finales de 2007 y el pasado mes de julio.
De hecho, el documento fue entregado a la Fiscalía y a los TSJ de Madrid y Valencia el pasado 31 de julio. Tras ser rechazado por la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano —el mismo que archivó la causa de los regalos de trajes a Camps, Costa, Campos y Betoret— está en una especie de limbo jurídico.
Que trasladen los papeles
El PSPV, personado como acusación popular en la rama valenciana del caso Gürtel, ha solicitado al TSJ madrileño que se remitan a Valencia ese documento y todos los datos contenidos en el sumario bajo secreto que afecten a aforados valencianos. Esto es, a Ricardo Costa, a David Serra, al vicepresidente Vicente Rambla —todos ellos diputados— o cualesquiera otros.
