Una de las reglas de oro de la Cosa Nostra es confundirse con el entorno. El narcotraficante estrella del caso Nécora, «El Franky», visitó el quirófano para cambiarse hasta las huellas dactilares. Después se retiró a una espectacular mansión en Pedreguer (Marina Alta), perdida entre naranjos. Fue como llamar por teléfono a la Udyco y al juez Garzón, que acudieron a detenerlo. Rompió la norma básica de mimetizarse con el paisaje.
Francisco Correa Sánchez, el jefe de la trama, y el resto de la dirección Gürtel, nunca quebrantaron la norma. Llevaban un elevado tren de vida —que para esos eran hombres de negocios— y estaban imbricados en los nichos de mercado en los que operaban: la Generalitat, el PP y los Ayuntamientos de Madrid gobernados por los populares y que mayores tasas de crecimiento urbanístico presentaban (Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo). El dinero fácil estaba en la Administración y, en estos últimos años, en el ladrillo. La vida de marajá iba en sintonía con los glamourosos actos del PP con láser hipnotizante.
La «organización criminal» (título que le otorga la policía) funcionaba con gran profesionalidad. «Unidad de actuación y de decisión», bajo el mando único de Correa, que daba las órdenes a Pablo Crespo y éste las ejecutaba. Era una estructura «en cascada» en la que sólo la cúpula tenía una visión de conjunto del mapa de mil piezas.
Perfil de banda criminal
La «especialización» era máxima. Álvaro Pérez y Pablo Collado ejercían de captadores de negocio, apoyados por la capacidad técnica de Felisa Isabel Jordán (que hacía las propuestas para Fitur) o los conocimientos financieros de Luis de Miguel Pérez —el asesor fiscal que montó el tinglado de empresas— y Ramón Blanco Balín, que desarrolló internacionalmente la estructura societaria para el blanqueo de capitales. El primo de Correa, Antoine Sánchez, simplemente callaba. Era el testaferro mantenido a cuerpo de rey. Todo iba rodado. Y seguramente la máquina de contar dinero que el 17 de octubre de 2005 adquirió Álvaro Pérez «El Bigotes» por 540 euros no se habría enfriado nunca si dos cabreados —los ex concejales de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno— no hubieran roto la «omertà» grabando conversaciones y yendo a Anticorrupción.
¿Para qué quiere un cacharro de contar billetes una empresa como Orange Market, la franquicia valenciana de la trama, cuyas tres cuartas partes de facturación provenía de la Generalitat y de un partido político? La gran paradoja de la trama Gürtel reside precisamente en que era una perfecta maquinaria de recaudación de dinero negro gracias a su capacidad para lograr contratos públicos. Es como si un funcionario, con nómina 100% oficial, fuera el principal defraudador del fisco.
El informe elaborado por cuatro agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) hablan precisamente de «organización delictiva asentada dentro de las Administraciones Públicas» y cuyo objetivo era «lograr capitales a través de la intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos [cobro de comisiones] y la concesión de contratos de servicios [el dinero A de campañas del PP y grandes eventos] a empresas» de la trama. Y ello a través de una compleja red de relaciones con políticos (los que adjudicaban o tenían «capacidad de influencia» en el proceso), a los que compraban con sobornos o agasajaban con regalos. De las cajas «Barcelona» (B) salía el dinero para esos gastos, que, en realidad, eran inversiones.
Un negocio que prosperó
Francisco Correa era sólo el organizador de los actos del PP en tiempos de José María Aznar y vía Special Events. Cuando el partido se instaló en la Moncloa (marzo de 1996), el negocio fue a más. En una caja de seguridad a nombre de Pablo Crespo, intervenida en una sucursal del BSCH en Pontevedra, ya figura un pago del PP en negro por 60 millones de pesetas y varios recibos (sin IVA) que superan los 1.027 millones de pesetas. Se fue conformando un «holding», que se convirtió en estructura de recaudar fondos en A y en B, que se anotaba en una «contabilidad dual». Cuando Aznar dio el relevo a Rajoy —enemigo de Crespo— y, después, con la pérdida del Gobierno, Correa vio que la tierra prometida era la Comunitat Valenciana. El 24 de julio de 2003, envió a Pablo Crespo y Luis de Miguel Pérez a escriturar Orange Market en Algemesí. En abril de 2004, decidió que el comercial que llevaba al cliente PP, Álvaro Pérez, debía irse «para allá». O sea, para aquí. Igual que en noviembre de 1936 el Gobierno de la República se trasladó a Valencia, en abril de 2004 la capital Gürtel se desplazó al «cap i casal».
Desde entonces, el dinero negro que acumulaba la trama no provenía de la misma fuente en Madrid que en Valencia, a tenor de la investigación policial. Allá, la operativa consistía en controlar las concesiones de contratos a constructoras entregando sobres a alcaldes o políticos como los responsables de la Empresa Municipal del Suelo (EMS) de Boadilla (Tomás Martín Vasco y Alfonso Bosch). Las empresas (UFC, Martinsa o Constructora Hispánica) pagaban a cambio suculentas comisiones que engordaban la enorme caja B de la trama en Madrid, donde Easy Concept era matriz del grupo.
En Valencia, nueva base de operaciones, el negocio en A era más jugoso que en Madrid. La Generalitat concedió 8,2 millones en contratos —5,32 sólo con las cinco ediciones de Fitur— y el PP, 1,8 millones. Está por ver si los agasajos —reducidos por ahora a 34.908 euros en trajes regalados al presidente Camps, Costa, Campos y Betoret— se homologan a Madrid y alcanzan la dimensión sobrecogedora. Por ahora, los agradecimientos se han plasmado, además de en ropa, en un móvil de 500 euros para una colaboradora de Camps y una lista de regalos de Navidad. En el caso valenciano, el dinero negro se generaba hinchando los costes de los actos del partido. Pérez y Ricardo Costa, secretario general del PP, pactaban, según la policía, la cantidad en B. Y fue tanta que el afluente que más caudal de dinero negro llevó al río Gürtel fue Orange Market. En el año y medio que duraron las dos últimas campañas electorales la firma de El Bigotes exportó desde su caja B a la del entramado, centralizada en piso de la Calle Serrano, 6.087.704 euros, según las cuentas de este diario a partir de los apuntes «salidas» de la «cajaBarcelona.xls» (en de Orange Market) y las «entradas» en «CajabOrange.xls», donde se apuntaban las aportaciones de la ventanilla valenciana de Correa.
Un tinglado con cemento
La financiación de las cantidades en negro por los servicios al PP valenciano corría a cargo del partido —no consta de momento el origen de los fondos—o a través de «aportaciones de empresarios», como revelan apuntes a nombre de «EG» (Enrique Gimeno, de Facsa) «SDS» (Sedesa) o «EO» (Enrique Ortiz e Hijos). Algunas veces ese dinero se enmascaró con facturas de Orange Market por supuestos servicios jamás prestados a las constructoras. Facturas como la que El Bigotes pasó a Ortiz por el supuesto «diseño de material publicitario para el stand en Urbe 2008». Hasta un total de nueve facturas por casi 500.000 euros fueron endosadas a las constructoras, según se desprende de diversos «emails» remitidos en junio de 2008 a la asesoría fiscal para que cambiaran cantidades y se pusiera a la empresa como cliente allí donde aparecía «PPCV» o «PP de Castelló».
Las empresas infringían así la Ley 8/2007 de Financiación de Partidos, dado que hacían «donaciones finalistas que no ingresaban siempre según el informe policial. ¿Y a cambio de qué? «Las constructoras obtienen contratos como contraprestación a los favores realizados al PP». Así de tajantes se expresan los agentes de la Udef.
Sedesa, líder destacada
A partir de los datos de la investigación se concluye que solas o en UTE (a menudo asociadas entre ellas), esas constructoras recibieron, de 2005 a 2009, 937.983.774 millones en contratos de la Generalitat. Sedesa, presidida por Vicente Cotino Escrivá (sobrino del vicepresidente tercero del Consell) se lleva la palma con 640.320.498 euros. Las cuentas hechas por Levante-EMV, a partir de datos de los diarios oficiales, amplían la cifra en 203.098.826 euros, si la cuenta se retrotrae a 1999. Enrique Ortiz e hijos, con 205.249.738 euros, Lubasa (77.337.451) y Facsa (13.876.087) completan la relación de contratistas vip de obra civil del Consell.
Las empresas son requeridas para que asuman parte de la astronómica deuda B contraída por los populares con Orange Market y anotada tan escrupulosamente al detalle por los contables de la trama como la deuda A. Un archivo (del pendrive del contable Izquierdo) recoge 561.724 euros de deuda en 2005 por actos del partido o 365.836 a 1 de junio de 2007, junto a una relación completa de conceptos. Se hace constar que la deuda ha menguado 150.896 euros porque se ha hecho una factura por esa cantidad con el concepto «Elecciones 2007, alquileres, montajes y organización de actos».
Pidieron una comisión en todo
Ni siquiera los casi dos millones de euros que el partido que preside Camps ingresó en negro, según la policía, en 2007, dan para cumplir los compromisos adquiridos con la trama. La veintena de actos de las generales de 2008 engordó la deuda B en otros 387.307 euros. Y Correa se impacientaba. Y El Bigotes también. Tanto, que presionó a Ricardo Costa y al vicepresidente Vicente Rambla, para que abrieran el grifo de los contratos oficiales, como revelan las transcripciones de las cintas. La bancarrota de la Generalitat y el cataclismo inmobiliario afectó a la organización.
Pérez llegó a pedir a Rambla que se les asignara una comisión en las contrataciones. Como el céntimo sanitario, pero a gran escala. La propuesta, por orden de Crespo, parece no era novedosa. En uno de los archivos incautados aparece un listado de obra pública adjudicada en ayuntamientos de Madrid con anotaciones de porcentajes hechas a mano por Correa.
Cobrara o no, El Bigotes, un tipo genéticamente comercial, ocupaba el sitio idóneo en la organización. Como Pablo Crespo, guardián de los secretos de Correa. La conversación del 6 de noviembre de 2008 entre Crespo y El Bigotes, transcrita por la policía, retrata la personalidad de ambos. Las frases del primero son: «Ya», «Sí», «¿Y qué te dice?», «Ya». El extrovertido Álvaro Pérez habla en cambio del «laboratorio de la dama», en alusión a la mujer de Camps, bromea con «el flequillo» de Rambla y cuenta que se va de viaje con «Peter», en alusión al ex director general de RTVV.
En la trama Gürtel cada uno estaba en el lugar en el que más rendía. El informe policial habla de la importancia de situar a «profesionales con buen nombre» para no levantar sospechas. Puesto más clave que el del ingeniero financiero y arquitecto de toda la estructura de blanqueo de capitales no había. Ese papel lo desarrolló al principio Luis de Miguel Pérez. Montó el entramado para el blanqueo diseñando una gran red empresarial en la que las firmas se cruzaban facturas para reducir cargas impositivas (según consta en archivos encriptados de una memoria externa hallada en el piso de la calle Martínez Campos) y, sobre todo, se valían de empresas montadas en el extranjero y cuentas en paraísos fiscales.
La policía se muestra sorprendida de que en la web de su despacho De Miguel alardee de su capacidad para bordear la ley y de tener relaciones con despachos en Suiza, Liechtenstein o Irlanda.
El inspector fiscal Blanco Balín
Sus funciones las heredó el inspector de Hacienda en excedencia y amigo de Aznar, Ramón Blanco Balín. Él fue, a tenor del informe de la Brigada de Blanqueo y del propio Garzón, quien situó a Correa en la Champions League de la arquitectura financiera internacional para lavar dinero ilegal. Con el asesoramiento de ese prestigioso despacho —salpicado por un caso instruido por Garzón sobre evasión de capitales a Liechstenstein—, Correa fue exportando el dinero negro a cuentas abiertas en Ginebra, Miami —en Bancaixa—, Mónaco, Amsterdam o paraísos fiscales como Isla de Nieves o las Antillas Holandesas. Paralelamente, el jefe de la trama constituyó «sociedades en territorios off-shore, que eran matrices de otras creadas en las metrópolis», como Holanda o Reino Unido. El propietario último era Correa, pero las llamadas «acciones al portador» las guardaba su primo Antoine Sánchez u otras firmas suyas internacionales.
En el citado archivo encriptado, aparecían empresas como Forevermore Inc., radicada en Isla de Nieves, y cuyas acciones están en manos de cinco personas que no constan. En el mismo destino está radicada Pacsa Limited En Reino Unido, crearon Bangtone Limited y en Holanda, Jubilate Holding BV o Bellavista Holding. Estas mercantiles controlaban la propiedad de Inversiones Kintamani, una de las sociedades patrimoniales que Correa tiene en España, junto a Osiris Patrimonial, Cresva, Caroki o Castaño Corporate SL, entre otras.
Correa no aparece en ningún órgano de administración de unas cuya gestión la llevaba Blanco Balín, que figuraba en seis órganos de dirección. Las ampliaciones de capital (de 1996 a 2004, Kintamani hizo 19 hasta alcanzar los 5 millones de euros) en esas patrimoniales ubicadas en España y las inversiones en inmuebles o bienes mobiliarios —con dinero procedente de firmas y cuentas en el exterior— era el mecanismo más utilizado para blanquear capitales.
La segunda pata inversora de toda la estructura societaria se asentaba a lo largo y ancho del mapa mundi. Desde Azerbayán hasta Panamá, pasando por Senegal o Colombia, las firmas exteriores de Correa invirtieron los euros que un día salieron de un acto del PP en Elx, Sueca o Benicarló.
