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Un informe jurídico que obra en poder de Presidencia de la Generalitat mantiene que la exclusión del procedimiento judicial que acabó en el TSJ valenciano de grabaciones de los cabecillas de la trama -de las que Levante-EMV informó en su edición del 8 de octubre- en las que éstos exculpan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, del regalo de los trajes, conlleva que el proceso está "viciado de origen", lo que podría abocar a su nulidad.
No sólo eso, sino que advierte que tanto las fiscales que intervienen en el caso en la Audiencia Nacional como el juez Baltasar Garzón podrían haber incurrido en "responsabilidades penales". Concretamente se alude a los artículos del Código Penal que se refieren a la prevaricación cometida por jueces y magistrados. El informe, con todo, no explica el motivo por el que los responsables judiciales excluyeron esas conversaciones del jefe de la trama, Francisco Correa, y de su segundo, Pablo Crespo, con sus respectivos abogados, por considerar que se trataba de "estrategias de defensa". Esto es, que tanto Correa como Crespo, ya en la cárcel (las conversaciones son de marzo de 2009) no hacían sino preparar la defensa de cara al proceso. Cabe preguntarse si sospechaban que sus conversaciones eran grabadas.
El TSJCV acordó el sobreseimiento libre de la causa contra Camps, Costa y otros dos responsables del PP pero hay recursos presentados ante el Supremo que podrían hacer que la causa vuelva a Valencia.
Archivo de Flors
El documento enfatiza que nadie puede afirmar que el juez Flors no hubiera archivado de haber conocido las conversaciones excluidas. Un argumento que quizá no se sostenga en el fondo pero que, sobre el papel, quizá pueda tener su importancia. Además, se intentaría poner en cuestión el resto de las grabaciones inculpatorias de todo el proceso.
