La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autorizado al Gobierno valenciano a precintar el reemisor de televisión que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) tiene en Perenxisa, en el término municipal de Chiva (Valencia), y que hace llegar la señal de TV3 en TDT a la ciudad de Valencia, la comarca de l'Horta y parte del Camp de Morvedre, Camp de Túria, Foia de Bunyol y Ribera Alta y Baja, con una población de 1.300.000 habitantes.
La sentencia estima el recurso de apelación que interpuso la Generalitat valenciana contra la inicial negativa judicial a autorizar el cierre del repetidor. Desde ACPV recordaron que la entidad ha obtenido varios pronunciamientos judiciales a su favor y que, por lo tanto, en este tema hay "sentencias discrepantes".
Ahora, esta resolución judicial permite la entrada del Gobierno valenciano en el centro emisor basándose en el principio de "ejecución de un acto emanado de una autoridad pública", sin entrar en el fondo de la cuestión, puesto que la misma sentencia afirma que "no procede controlar (por parte del tribunal) la conformidad o disconformidad del acto que se pretende ejecutar".
Para ACPV, eso significa que el TSJCV ha aplicado el principio de presunción de legalidad de las actuaciones de las administraciones públicas, autorizando, por lo tanto, la ejecución de una disposición administrativa sin entrar en el fondo de la cuestión, y entendiendo que este fondo en todo caso se debe dirimir en un recurso específico.
Los responsables de Acció Cultural explicaron que no comparten este punto de vista porque es "discutible la competencia legal de la Generalitat valenciana para actuar sobre una televisión pública que es emitida por un canal de TDT, cuya titularidad no es autonómico".
De igual modo, argumentan que la aplicación de la presunción de legalidad de las actuaciones de las administraciones públicas en este caso "puede provocar un daño mayor, puesto que el cierre de una televisión implica un ejercicio de censura, por mucho que esta decisión sería supuestamente revocable por un sentencia posterior, que en el mejor de los casos podría tardar años en llegar".
En este punto, ACPV denunció la "insistencia del actual Gobierno valenciano en su voluntad de cierre del conjunto de la red de TV3 en el País Valenciano y de castigo económico a la entidad, afirmación que se demuestra en el hecho que el Consell no sólo no ha archivado los expedientes administrativos y las multas impuestas a Acció Cultural ni ha reabierto ninguno de los tres repetidores cerrados, sino que además ha continuado los procedimientos judiciales para intentar seguir cerrando los que están todavía abiertos".
"Con esta sentencia el cierre del repetidor que cubre el área más poblada del País Valenciano puede ser inminente, y depende en exclusiva de la arbitrariedad política y el interés partidista del actual Gobierno valenciano, el mismo que está implicado en una serie de gravísimos casos de corrupción", aseguraron fuentes de Acció Cultural.
Campaña legislativa popular para frenar la censura
Acció Cultural hizo ayer un llamamiento a los ciudadanos para "dar un impulso todavía mayor" a la campaña de Iniciativa Legislativa Popular que el organismo está impulsando con una recogida masiva de firmas, porque es "evidente que sólo por esta vía se conseguirá frenar este intento de censura". No es el primer repetidor de TV3 que se cierra en la Comunidad Valenciana. El de la Carrasqueta, en Alcoi, ya fue objeta de una discusión judicial y al final dejó de emitir. El PP se negó a reabrirlo instado por el grupo de Compromís, pues la iniciativa de la Generalitat había dejado a las comarcas del sur de la Comunitat sin cuatro canales de televisión. El PP se cerró en banda y Rafael Maluenda -actual portavoz- defendió que había que cumplir la ley.
