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"Tendremos que buscar en el diccionario una palabra distinta para definir esta íntima y sentida relación que nos une". De ahí se salvó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, para que no le recusaran por su amistad con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, durante la instrucción del caso Gürtel. Porque aquél no encontró la palabra que buscaba para definir su amistad. Si hubiere sido "amistad íntima", la Ley Orgánica del Poder Judicial la recoge expresamente como motivo de recusación y De la Rúa no habría firmado el archivo del caso contra Camps.

Esta paradoja y la cerrada ovación con un aplauso de más de tres minutos durante la apertura del Año Judicial, ha hecho que el presidente Juan Luis de la Rúa se sienta más legitimado que nunca para aspirar a la reelección a la presidencia del TSJ en la Comunitat Valenciana, cargo que ha ocupado en los últimos diez años al repetir en dos ejercicios consecutivos que sigue ejerciendo prorrogado desde el mes de junio.

Ayer finalizó el plazo para presentar las candidaturas al cargo de presidente del TSJ de la Comunitat Valenciana y de la Audiencia Provincial de Valencia.

Contra todos y contra todo pronóstico, pese a que su círculo más íntimo estaba enterado, el presidente llevaba un año anunciando su intención de presentarse como candidato, ya que hasta ahora no ha querido pronunciarse públicamente. Y ello porque desde la Asociación Profesional de la Magistratura, la suya, la de los conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -hoy, sin mayoría- no se le apoyaba.

El candidato conservador

Desde hace tiempo, sonaba el nombre del presidente de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, como el candidato del sector conservador, teniendo como valedor incluso a su vicepresidente, Fernando de Rosa, ex conseller de Justicia con Francisco Camps.

Incluso antes de iniciarse el caso Gürtel, el pasado mes de febrero, la APM ya había descartado la candidatura de De la Rúa. Su postura, por tanto, estaría en la línea de "afianzarse en que todo lo ha hecho bien", explicaban fuentes judiciales. Especialmente, después de que su nombre se ha puesto en entredicho entre todas las instancias con el archivo del caso Gürtel, una resolución judicial que protagonizó todos los cursos de verano y a la que no le faltaron críticas, no sólo políticas sino también jurídicas.

De ahí sus palabras, tan aplaudidas durante el discurso de apertura del Año Judicial, el pasado viernes, cuando dijo que los jueces "trabajamos ajenos a todo tipo de presiones e, incluso, maledicencias".

Así, cuando la pugna debería haber sido entre un candidato conservador y otro progresista, con Luis Manglano, de JpD, como contrincante. Los conservadores han conseguido que, de nuevo, el debate gire en torno a ellos.

Desde este lado, pues, la APM dentro del Consejo podría barajar ofrecer a Pedro Castellano como candidato de "consenso" y utilizar la candidatura de De la Rúa como presión para no ceder con un candidato de la mayoría progresista. No olvidemos que ambas facciones necesitan una mayoría de tres quintos y, por ello, se impone el llegar a un acuerdo. Y ello pasa también por negociar la presidencia a la Audiencia Provincial de Valencia, que ocupa Castellano, y que también entra en esta partida.

En todo caso, de quedar en tablas, la APM siempre saldría favorecida bloqueando el mandato con la prórroga "ad eternum" de De la Rúa en su cargo, es decir, hasta que se jubile en unos tres años. Hay que recordar que, cuando De la Rúa accedió a la presidencia, el cargo era vitalicio y fue durante su primer mandato cuando se modificó la ley y se estableció una duración de cinco años por ejercicio.

Pero la mayoría progresista del CGPJ no está dispuesta a que los presidentes conservadores se sigan eternizando en el TSJ valenciano, y más después de la experiencia con el caso Gürtel. "Diez años son suficientes", manifestaban desde dentro. Y más si tenemos en cuenta que el 85% de los Tribunales Superiores están presididos por jueces conservadores.

En esta baraja también entran, pues otras presidencias en juego, no sólo la de la Audiencia de Valencia, sino, por ejemplo la del TSJ del País Vasco, que sigue bloqueada y sin consenso desde hace meses.

A partir de ahora, la Comisión de Calificación de CGPJ, formada por cinco vocales, elegirá una terna de candidatos, con fecha ya señalada para entrevistar en noviembre. La elección está prevista para el pleno de diciembre.