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El grupo socialista en Les Corts ha denunciado que los dependientes valencianos tardan más cuatro años en empezar a percibir las ayudas que les otorga la Ley de Dependencia, debido al retraso en la aplicación de esta norma por parte del Consell. Así lo ha afirmado el diputado Manuel Mata, quien asesora legalmente a un grupo de dependientes en la consecución de las ayudas reconocidas por la ley.

El pleito iniciado por quince personas ante del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana les ha permitido constatar que el Consell tarda más de dos años en reconocer la dependencia, otro año en establecer qué tipo de ayuda corresponde, y otro en dar la prestación.

Estos retrasos, al tratarse de personas con enfermedades gravísimas, hacen que muchos de los posibles beneficiarios fallezcan antes de poder percibirlas.

Manuel Mata ha considerado que serán los tribunales "los que determinen que la gente es dependiente a los seis meses de haber hecho la solicitud, que tiene derecho a la prestación desde esa fecha, y que debe ser indemnizada por los daños morales que eso supone".

La presidenta de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (AVADEC), Palmira Castellano, por su parte, se ha mostrado "indignada" por la forma la que se está aplicando la ley en la Comunitat, donde a su juicio, "se están cometiendo una serie de escándalos" que hacen que este colectivo "tenga menos derechos que en otros sitios".

Incumplimiento de los plazos

"Se incumple la ley de plazos del procedimiento administrativo, no se está haciendo caso de la retroactividad, y no tenemos compatibilidad de recursos", ha denunciado Castellano, quien ha afirmado que los dependientes valencianos no quieren sentirse "ciudadanos de segunda".

Asimismo, ha criticado que desde el Consell "se está creando un servicio doble, que en vez de beneficiar al usuario y a la persona que lo necesita, está haciendo que se despilfarren los recursos y que el dinero que hay no llegue a las personas necesitadas".

Bienestar Social reducirá los trámites

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, reconoció ayer en Alicante que "las dificultades en la tramitación llevan a esperas indebidas" en la resolución de solicitudes presentadas por la Ley de Dependencia y anunció la elaboración de un nuevo decreto que reduzca el tiempo de respuesta, tras admitir que "la tramitación es excesivamente larga". Such indicó que la puesta en marcha de este decreto se prevé para enero del próximo año y con ello se pretende reducir a seis meses el tiempo de resolución de las solicitudes, "trataremos de cumplir lo que marca la ley". Esta revisión de la normativa se produce, cabe recordar, casi tres años después de que se aprobara la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, aunque la norma comenzó su desarrollo a mediados de 2007.

La titular del departamento, que sólo lleva dos meses en el cargo, se reunió ayer con el Síndic de Greuges, José Cholbi, que valoró el interés de la consellera en resolver este asunto, ya que a esta institución han llegado 2.000 quejas por los retrasos en aplicar la ley, lo que supone aproximadamente el 50% del total de reclamaciones. Such consideró "importante" esta cifra, aunque "no excesiva", y apuntó que agilizar la ley de Dependencia "en el menor tiempo posible es y será uno de los objetivos en el tiempo que resta de legislatura". La consellera, no obstante, recordó las dificultades de aplicación de la ley.