­La Conselleria de Sanidad admitió ayer que «en ocasiones» vulnera la ley de contratos públicos en el sistema de suministros hospitalarios y que, además, le resulta «imposible sujetarse estrictamente a los trámites previstos en la Ley de Contratos». En un escueto comunicado enviado a este periódico, la conselleria afirma que se ve obligada a saltarse la ley por dos razones: el enorme «volumen» anual de material sanitario que maneja su departamento y la «necesidad de recibir suministros extra con la rapidez y agilidad» para atender la salud de los valencianos. No siempre vulnera la ley, matiza. «Más del 95% de las contrataciones que realiza la Conselleria de Sanidad se realiza con estricta sujeción a los trámites y cautelas previstas en la legislación de contratación administrativa», afirma el departamento que dirige Manuel Cervera. Pero sí que se obvian los trámites legales en el 5% de casos, según admite la propia conselleria.

Este reconocimiento explícito de ilegalidad desde la administración tiene lugar un día después de que Levante-EMV adelantase una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia que da la razón a la multinacional farmacéutica Pfizer y reprende a la Generalitat por comprar material sin contrato administrativo de por medio. Es decir, contratar suministros vía verbal e, incluso, telefónica.

Según la conselleria, así se arreglan el 5% de sus contrataciones. El PSPV teme que sean más. Ayer, su diputado en las Corts Valencianes José Camarasa afirmó que de las 579 sentencias condenatorias de este tipo que se conocen contra la Conselleria de Sanidad», hay alguna que comprende una reclamación «por más de 1.600 facturas».

En opinión del diputado socialista, el hecho es de suma gravedad por partida triple. En primer lugar, porque este sistema impide «la libre concurrencia» de las empresas. «Las empresas pequeñas y medianas no pueden aguantar el pago diferido» que establece esta práctica contractual. En segundo lugar, este modus operandi repercute en sobrecostes para las arcas públicas, ya que «lo que hoy vale cien euros valdrá más de 200 cuando salga una sentencia que obligue a la conselleria a pagar ese material más los intereses de demora». Y por último, porque implica que la administración pública «elude conscientemente la ley y actúa al margen de ella de forma sistemática», añade Camarasa.

El diputado socialista añade que este hecho, reconocido ayer por la propia la conselleria, «evidencia que el presidente Camps mintió la semana pasada una vez más cuando dijo que todos los contratos de su gobierno eran legales». Camarasa arremetió contra la justificación de la conselleria, que invoca la Ley General de Sanidad y su deber de atender la salud de los valencianos para justificar sus incursiones ilegales. Según el diputado del PSPV, las contrataciones irregulares no sólo afectan a productos farmacéuticos, sino que también aparecen servicios como el de la limpieza entre los suministros concertados sin el procedimiento administrativo que fija la ley.

«No hay adjudicación por contratos, no hay consignación del gasto, no hay licitación, no hay adjudicación ni pliego de cláusulas administrativas. En definitiva, no hay seguridad jurídica en los contratos de la Conselleria de Sanidad», sentencia Camarasa. Según el PSPV, ello se debe a la «bancarrota» en la que se halla la Generalitat. «Como no tienen dinero, en los presupuestos, incorporan menos gastos sanitarios de los que saben que hacen falta, y después compran directamente el material necesario sin pasar por un procedimiento de contratación», señaló.

El PSPV exigió ayer al presidente del Consell «que depure responsabilidades en la cúpula de Sanidad» por esta irregularidad.