Los sindicatos UGT PV y CCOO PV han planteado un voto particular al Dictamen del Comité Económico y Social (CES) de la Comunitat Valenciana para que se introduzca en la Ley de Gestión y Ordenación de la Función Pública Valenciana el requisito del valenciano para el acceso a cuerpos y escalas de la función pública donde se precise, además de solicitar la creación de órganos especializados y permanentes para la selección de personal.

UGT PV y CCOO PV, en un comunicado, comentaron que el Comité aprobó el pasado viernes un dictamen al anteproyecto de Ley para la ordenación y gestión de la función pública valenciana y matizaron que otra de las cuestiones que motivaron la presentación del voto particular por parte de los sindicatos es la creación de un registro autonómico de puestos de trabajo de las entidades locales para asegurar "una verdadera coordinación del conjunto de las administraciones públicas valencianas, sin la cual, la movilidad entre ellas del personal no podrá ser efectiva".

Ambas entidades matizaron que el dictamen incluye muchas de las aportaciones realizadas por los sindicatos representativos, entre las que destacaron la creación de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas con el fin de crear un foro para la negociación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Comunitat Valenciana.

Además, entre las aportaciones de CCOO PV y UGT PV aceptadas por el pleno del CES, también destaca el establecimiento de baremos accesibles en las pruebas físicas a las que concurran mujeres, para evitar la discriminación por razón de sexo, de la misma forma que se establecerán mecanismos de participación de los agentes sociales en los procesos de acceso y provisión de las personas con discapacidad para garantizar la igualdad de oportunidades para estas personas.

Por otra parte, también se ha logrado que el texto garantice que el personal funcionario en prácticas pueda recibir los trienios correspondientes al servicio prestado previamente en el mismo grupo, y la garantía de permanencia del personal interino en sus puestos hasta la provisión reglamentaria de éstos, en caso de que se realicen modificaciones en los requisitos de titulación. Por último, el CES recomendó que entre los nueve vocales del Consell Assesor de la Función Pública pueda incluirse como expertos a las organizaciones sindicales.

De esta forma, consideraron que tanto el dictamen del CES, que contó con el voto unánime de los consejeros, como las aportaciones sindicales que han pasado al voto particular, aportan al anteproyecto de ley elementos que mejorarán no sólo las condiciones de trabajo de los más de 200.000 empleados del conjunto de las administraciones públicas valencianas, sino también los servicios públicos que recibe la ciudadanía.