07 de enero de 2010
07.01.2010
Rehabilitación del plan

La Generalitat deroga el BIC y autoriza las obras del Cabanyal

Ha aprobado un decreto-ley que autoriza "expresamente" las obras del plan, que fueron paralizadas por Cultura

07.01.2010 | 18:05

El Gobierno valenciano ha aprobado hoy un decreto-ley que autoriza "expresamente" las obras del plan de reforma del barrio del Cabanyal (Valencia), que fueron suspendidas el pasado lunes por el Ministerio de Cultura al considerar que constituían un expolio del patrimonio histórico.

Según ha manifestado la consellera portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, tras una reunión extraordinaria del pleno del Ejecutivo autonómico, esta es la "respuesta contundente al masivo ataque y la agresión política" del Gobierno central a la Comunitat Valenciana.

La también consellera de Justicia ha explicado que este decreto-ley "tiene mayor fuerza que una orden ministerial aunque éste se haya emitido con posterioridad a la decisión del Gobierno, que tiene que acatarlo".

El decreto-ley declara, en contra de las conclusiones del Ministerio de Cultura, que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal "no perjudica, daña o deteriora la protección" del conjunto histórico del barrio.

La consellera ha asegurado que el plan, que contempla el derribo de viviendas para abrir la avenida Blasco Ibáñez al mar, "se va a seguir ejecutando con la normalidad que se ha desarrollado hasta ahora".

La citada norma, denominada Decreto-Ley de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, sostiene que el PEPRI "produce una mejora de la relación del barrio del Cabanyal con su entorno urbano y evita usos degradantes para el propio conjunto".

Advierte además de que "los órganos y personal competentes quedan autorizados a realizar los actos de ejecución del Plan, sin que puedan verse menoscabados por actos o acuerdos de otras Administraciones".

El Gobierno valenciano estima que "es preciso que, mediante una norma con rango de ley, específicamente dirigida a tutelar la situación del Cabanyal, se ponga definitivamente de relieve que la protección del conjunto histórico de Valencia", declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es "compatible" con la ejecución "plena" del PEPRI.

El decreto se fundamenta en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat, por el cual, la Generalitat "asume la competencia exclusiva" en materia de patrimonio histórico, artístico y monumental "sin perjuicio" de lo que dispone la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en la defensa del patrimonio.

Al ser el conjunto histórico de Valencia un BIC declarado por la Generalitat, es al Gobierno valenciano al que le compete "definir los valores que le hacen acreedor de la protección que le otorga su declaración".

De esta forma, "no podrá existir ninguna expoliación por actuaciones que la propia Generalitat considera que no afectan a estos valores", justifica el Ejecutivo valenciano.

"No vamos a parar el plan del Cabanyal", ha advertido el Conseller de Urbanismo, Juan Cotino, quien ha avanzado que mañana habrá una reunión en el Ayuntamiento de Valencia "para poner en marcha las obras".

El también vicepresidente tercero de la Generalitat, ha censurado la decisión del Ministerio de Cultura y la ha comparado con lo que ocurría en "los tiempos de Franco".

"Ya basta. No vamos a tolerar otra intromisión, porque para eso tenemos un Estatuto. Somos un pueblo con leyes, y el Gobierno no les da valor", ha añadido el conseller, quien cree que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "no debe estar muy lejos" de la decisión del Ministerio de Cultura.

Para la portavoz del Consell, la orden ministerial es "un atentado contra el Estado de Derecho, y el decreto-ley de la Generalitat es una "respuesta contundente" contra "este brutal ataque".

En relación a este tema, el Gobierno valenciano ha aprobado hoy reconocer a la sociedad "Cabanyal 2010" la condición de "medio propio y servicio técnico de la Generalitat", que es preceptiva para llevar a cabo su finalidad.

Según ha explicado Sánchez de León, la sociedad -formada por el IVVSA y AUMSA- tiene por objeto "llevar a cabo todas las actuaciones urbanísticas y de edificación necesarias para la rehabilitación de los espacios comprendidos en el ámbito del PEPRI del Cabanyal".

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