Vuelco en el urbanismo local
Para Salvem el decreto es "jurídicamente intrascendente"
Tilda el plan de norma "meramente política" porque la Generalitat "no puede sustituir la declaración ministerial sobre el expolio"
EFE
La asociación Salvem el Cabanyal ha asegurado hoy que el decreto-ley aprobado por el Consell para autorizar el plan de reforma del Cabanyal es una norma "meramente política" y "jurídicamente intrascendente" porque la Generalitat "no puede sustituir la declaración ministerial sobre el expolio".
Según expone esta asociación en un comunicado, el decreto defiende la competencia exclusiva del Gobierno valenciano con base en la sentencia del Supremo que le conviene (13 de marzo de 2008), pero no hace ni una sola mención a la última de las sentencias del Tribunal Supremo (25 de mayo de 2009), que deja sin efecto lo expresado en la sentencia de 2008 respecto del expolio.
El decreto ley "olvida" que el Supremo "dice en la sentencia de 2009, con base en el artículo 149 de la Constitución, que el Ministerio de Cultura es competente y tiene la obligación de declarar si existe o no expolio".
"En nuestro Estado de Derecho, en el que está vigente un sistema de recursos procesales muy claros, es la última sentencia en sede jurisdiccional la que cierra el caso, y esa sentencia es la de 25 de mayo de 2009, no la de marzo de 2008", precisa la plataforma.
A juicio de Salvem el Cabanyal, "la interpretación que el decreto ley hace de las competencias del Gobierno valenciano supone un auténtico fraude de la normativa vigente en materia de protección del patrimonio".
Según afirma, "lo que queda absolutamente claro es que el decreto ley no deroga la Orden del Ministerio de Cultura, sencillamente porque no tiene capacidad para hacerlo".
La verdadera "estrategia" del Ayuntamiento y del Consell, según dice, es "evitar que se hable" de los informes de las instituciones especializadas que han dicho que el PEPRI es un "expolio", entre ellas el Consejo Superior de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia, el Director del Museo Nacional de Cerámica, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universitat de Valéncia.
"Sólo los informes de parte -encargados y pagados por Ayuntamiento y Consell- dan la razón a éstos", añade la plataforma
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