La Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha aprobado una ordenanza marco que persigue la prostitución, la mendicidad, la actividad de los gorrillas o cualquier actividad que perturbe la tranquilidad de los vecinos. La norma, que puede asumir cualquier ayuntamiento de la Comunitat Valenciana, es muy restrictiva y prevé imponer sanciones de hasta 3.000 euros por mantener relaciones sexuales en un coche dentro de la ciudad o de 400 euros a las personas que compren películas y discos pirateados en la calle. El soporte legislativo se llama Ordenanza de Protección del Espacio Público, ha sido aprobado por unanimidad de los representantes municipales en la federación y responde a la petición de los ayuntamientos que no saben cómo atajar problemas como los grafitis o el vandalismo. La ordenanza precisa una serie de sanciones y permite llevar ante el juez a los autores insolventes por desobediencia
La normativa prohíbe expresamente la mendicidad y establece la posibilidad de incautar a los indigentes el dinero que consigan. El texto establece que los agentes primero advertirán a los mendigos y si persisten los denunciarán por desobediencia. El documento advierte de que practicar la mendicidad con menores puede ser sancionado con multas de entre 1.500 y 3.000 euros, ofrecer pañuelos en la calle conlleva una sanción de hasta 150 euros o limpiar parabrisas está castigado con hasta 400 euros. El protocolo puntualiza que los ayuntamientos trabajarán para erradicar la mendicidad "a través de la inclusión social". Los indigentes que acosen a los ciudadanos serán multados con 150 euros.
Dormir de día o de noche en espacios públicos está sancionado con hasta 400 euros. Tampoco se podrán utilizar los bancos para dormir ni lavarse en fuentes públicas.
El texto trata de acabar con la prostitución en la calle y persigue por igual a prostitutas y clientes. El marco legal diferencia entre la práctica del sexo a menos de 200 metros de viviendas, colegios y centros de trabajo, y el realizado fuera de los núcleos urbanos. En el primer caso los clientes y meretrices se enfrenta a sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros por una infracción grave, y en el segundo a multas de entre 750 y 3.000 por una leve. Además, si las profesionales del sexo continúan en la zona podrán ser puestas a disposición judicial por desobediencia. El documento advierte de que cualquier persona que mantenga relaciones sexuales en un vehículo en la calle, sin que medie dinero, también puede ser castigado con 3.000 euros.
El documento persigue el botellón y establece zonas de especial protección como los parques, jardines y plazas. Las sanciones por consumir alcohol en la calle pueden ser de hasta 3.000 euros. El protocolo apunta que los padres serán los responsables de los actos de sus hijos cuando sean menores y por tanto tendrán que hacer frente a la sanción. El texto también articula castigos por los abusos de los casales falleros o cualquier otro tipo de asociación festiva que cause molestias a los vecinos.
Venta y compra de productos
La ordenanza prohíbe la venta y compra de alimentos, bebidas y otros productos (como las falsificaciones). El documento regula multas de hasta 400 euros para vendedores y compradores. Además, establece que los alimentos en buen estado sean remitidos a asociaciones de beneficencia. En el caso de que el vendedor sea sorprendido con mercancía legal, deberá pagar la sanción para poder recuperarla.
El documento reglamenta la prestación de servicios en zonas públicas -calles o playas- como la lectura del tarot, la elaboración de trenzas, la música callejera, la videncia, los masajes o la promoción de negocios. El protocolo prohíbe la realización de estos servicios si no se obtiene una licencia municipal bajo el apercibimiento de multas de hasta 400 euros. Tampoco se puede utilizar la calle para la promoción o venta de vehículos nuevos o usados. Los agentes de la policía local estarán autorizados para incautar el dinero que tengan los músicos callejeros. Si las personas advertidas por infringir la norma persisten, también serán puestas a disposición judicial por desobediencia.
La realización de grafitis está perseguida con multas de hasta 3.000 euros. Los jóvenes que pinten autobuses, vagones de metro o marquesinas se enfrentan a sanciones de 1.500 euros y si son menores deberán pagar sus padres. Además, los agentes podrán conminar a los autores de las pintadas a que las limpien.
Los aparcacoches se enfrentarán ahora a sanciones de cuatrocientos euros
La normativa nació con la intención de acabar con el fenómeno de los "gorrillas", pero los responsables de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias decidieron ampliarla a otros ámbitos que preocupaban a los ayuntamientos como el botellón o el vandalismo.
El documento señala que ejercer la actividad de aparcacoches es una infracción leve que está castigada con hasta cuatrocientos euros. Los agentes podrán quitar el dinero a los "gorrillas" y ponerlos a disposición judicial por desobediencia cuando sean reincidentes. Los servicios jurídicos que han dado forma legal a la norma están convencidos de que los aparcacoches pueden ser condenados a trabajos en beneficio de la comunidad.
La regulación pretender ser un arma coercitiva para disuadir a los posibles infractores. Cada Ayuntamiento de la Comunitat Valenciana podrá adaptarla a sus necesidades y variar el importe de las sanciones. En cualquier caso, el texto legal cuenta con un amplio respaldo de los representantes municipales y de las Fuerzas de Seguridad, que llevaban años reclamando una normativa eficaz para acabar con comportamientos incívicos
