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La Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia ha ordenado a la guardia civil que localice construcciones ilegales en 21 de las 92 poblaciones que han negado tener infracciones urbanísticas en su término municipal. Además, ha abierto 42 diligencias de investigación penal respecto a 19 localidades. Éste es el resultado del oficio remitido a los 263 ayuntamientos valencianos solicitando la relación de todos los expedientes sancionadores incoados por el consistorio por construir en suelo no urbanizable desde la entrada en vigor de la nueva ley, en diciembre de 2004.

De esas diligencias informativas, a fecha e 31 de diciembre de 2009, seguía habiendo 14 municipios que no habían remitido la información solicitada. Se trata de Albaida, Alcántara de Xúquer, Alcublas, Benisuera, Bugarra, Castielfabib, Daimús, la Pobla del Duc, Losa del Obispo, Llocnou de la Corona, Mislata, Montroi, Navarrés, Salem, Serra y Torrella. Respecto a estos municipios, la Fiscalía anuncia que estudia emprender acciones legales para conseguir la información que se les solicitó.

De los 249 municipios que remitieron la información solicitada, 92 de ellos (casi el 40%) manifestaron que "no habían incoado ningún expediente relativo a construcciones ilegales en suelo no urbanizable". Baños explica en su informe para la memoria anual que "en algunos casos era lógico, pues se informaba que el suelo de todo el municipio era urbano, como en Benetússer y Emperador". Pero la Fiscalía duda del resto de poblaciones y añade que, "o bien nos encontramos ante la idílica situación de absoluto respeto a la normativa urbanística o, como nos tememos, sencillamente los ayuntamientos hacen absoluta dejación de sus funciones".

En vista de ello, la sección de medio ambiente de la Fiscalía ha decidido escoger un grupo de municipios que, por sus características, "podrían ser susceptibles de albergar edificaciones ilegales". Desde hace seis meses, Fiscalía y guardia civil trabajan de forma coordinada con el objeto de localizar los chalés diseminados de forma ilegal.

Así, el fiscal remitió un oficio al coronel de la 311 Comandancia de la guardia civil para que se dieran las "órdenes pertinentes a las Fuerzas a su mando, para que extremen el celo en el control de las construcciones ilegales en suelo no urbanizable" en 21 pueblos.

Atestados de la Guardia Civil

Las poblaciones que están siendo vigiladas son: Aras de los Olmos, Benagéber, Bicorp, Camporrobles, Chera, Dos Aguas, Fuenterrobles, Jalance, Font de la Figuera, La Yesa, Llombai, Llutxent, Millares, Quesa, Siete Aguas, Sinarcas, Teresa de Cofrentes, Tous, Tuéjar, Vallanca y Villagordo del Cabriel". La guardia civil ya ha remitido varios atestados a la Fiscalía respecto a estos pueblos.

De otro lado, hay 157 municipios que sí han incoado expedientes sancionadores por construcciones ilegales en suelo no urbanizable entre 2005 y 2008, y cuya suma es de 4.476. Para la Fiscalía, se trata de un "escasísimo" porcentaje de expedientes, por lo que sospecha de "la posible existencia de un ilícito penal" y que no se haya denunciado todo. Por ello, la Fiscalía ha pedido testimonios de estos expedientes a 45 municipios, 19 los han remitido y, de ellos, se han abierto 42 diligencias de investigación penal.

El fiscal de Medio Ambiente, Joaquín Baños, se queja en su informe de la falta de medios para localizar las infracciones urbanísticas y, además de pedir ayuda a la Guardia Civil, también se dirige a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para pedir que difunda entre los ayuntamientos la potestad sancionadora y las responsabilidades penales de sus gobernantes respecto de la actuación urbanística, que puede alcanzar las penas de seis meses a tres años de prisión. Por ello, advierte que los ayuntamientos deben controlar la disciplina urbanística con el inicio de expedientes sancionadores y restaurando la legalidad. Además, el fiscal recuerda que las autoridades locales tienen la obligación de denunciar las infracciones penales. r. lagunavalencia