31 de enero de 2010
31.01.2010

El PP sólo defiende la incineración de residuos en las autonomías y municipios donde gobierna

Los populares apuestan por este sistema en la C. Valenciana, Murcia y Madrid pero lo rechazan en Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha

31.01.2010 | 02:14
Obras de ampliación del vertedero de Dos Aguas.

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Los dirigentes del Partido Popular han evidenciado en los últimos tiempos rotundas contradicciones en materia medioambiental, en lo que a la eliminación de los residuos no reciclables se refiere. La incineración es la solución defendida mayoritariamente por los dirigentes del PP en la Comunitat Valenciana, al igual que sus compañeros de autonomías y ciudades donde el partido de Mariano Rajoy gobierna como Madrid, Murcia o Canarias. En cambio, en Asturias o Castilla-La Mancha donde los populares están en la oposición, el mensaje de los correligionarios de Francesc Camps es rechazar la incineración.
En la Comunitat, se ha reabierto la llamada "guerra de la basura". Tras anunciarse el cierre inminente del vertedero de Dos Aguas, donde se reciben diariamente 1.500 toneladas de basuras procedentes de Valencia y el área metropolitana, destacados dirigentes del PP valenciano han rescatado la incineración como la solución definitiva al problema de los residuos. La falta de instalaciones ha reavivado en las últimas semanas un conflicto entre administraciones y municipios en el que están involucradas las tres provincias de la Comunitat. El problema implica principalmente a Alicante, donde los municipios de Villena y Xixona ya han manifestado su oposición a seguir recibiendo residuos procedentes de Valencia y Castelló, al igual que el pueblo valenciano de Algímia d'Alfara.
En este contexto, las incineradoras ha sido defendidas por la alcaldesa Rita Barberá; el concejal de grandes proyectos de Valencia, Alfonso Grau; el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, y el propio Carlos Fabra, presidente provincial en Castelló y uno de los más entusiastas defensores de imitar el modelo de París, donde una gran planta elimina cada día los rechazos que no se pueden reciclar ni reutilizar.
En el resto de España, también hay partidarios de incinerar. En Alcalá de Henares, un alcalde del PP, Bartolomé González, animado por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, pretendía abrir un macrovertedero con planta incineradora. Al final, ante el gran rechazo social y político al proyecto, se decidió trasladar el plan a Corpa, un pequeño pueblo de 500 habitantes situado a unos 10 kilómetros de Alcalá, que a finales de 2008 también rechazó la incineradora. En Murcia, el gobierno autonómico de Ramón Luis Varcárcel ha tratado de abrir una instalación para incinerar en el Valle de Ricote, chocando con una gran oposición vecinal y de los ecologistas. El proyecto murciano está paralizado momentáneamente. En cambio se está tramitando por parte de la comunidad autónoma otra planta incineradora de residuos peligrosos en el valle de Escombreras. También Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular han previsto instalar dos plantas de valorización energética, en Tenerife y Gran Canaria, con la misma tecnología.

En contra, desde la oposición
En cambio, allá donde no gobiernan, los populares no han dudado en usar la basura como baza electoral y se han opuesto a incineradoras promovidas por la izquierda. En Asturias, el presidente socialista del Principado, Vicente Álvarez Areces, aboga por construir una incineradora. El plan no es bien visto por Izquierda Unida, su socio de gobierno. Además es rechazado por el PP, que por boca del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, acaba de proponer que los residuos no reciclables se utilicen como combustible para las centrales térmicas y para las cementeras.
En Barcelona, el pleno de la Entitat Metropolitana del Medi Ambient aprobó en julio de 2009 la construcción de una incineradora con capacidad para tratar 450.000 toneladas. Votaron a favor de esta medida, el tripartito -PSC, ICV y ERC- y CIU, mientras que el PP fue la única formación que se opuso.
Por último, en Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda impulsa una incineradora de Mercancías Específicas de Riesgo (MER) en Molinicos (Albacete). El PP ha llevado el caso ante la Comisión Europea porque considera esta actividad industrial nociva.

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