El Gobierno valenciano presentará un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Cultura que paraliza las obras del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal, y advierte de que hará uso "de todos los medios de defensa jurídica" que le corresponden.

Así lo ha anunciado hoy el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, en el pleno urgente que celebran Les Corts, a petición del Consell, a raíz del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el decreto-ley de la Generalitat que autoriza las obras en el barrio.

La sesión, a la que no ha asistido el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha sido seguida durante la mañana por la portavoz de la plataforma "Salvem el Cabanyal", Maribel Domenech, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carmen Alborch, entre otras personas.

"Vamos a solicitar la suspensión de la orden y a plantear ante los tribunales incidentes de ejecución de las numerosas sentencias que nos han dado la razón", ha afirmado Cotino, quien ha señalado que existen doce fallos que confirman la legalidad del plan y ha acusado al Ejecutivo de atacar el autogobierno de los valencianos.

En ese sentido, ha instado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a "parar el recurso en lugar de parar el Cabanyal", y ha reclamado la convocatoria de la comisión bilateral entre el Estado y la Comunitat Valenciana con el objetivo de "solucionar el conflicto" antes de recurrir al Constitucional.

El conseller ha defendido el conocido como Plan del Cabanyal, que prevé la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a través de este barrio, porque su finalidad es "conservar y proteger" esta zona, y se ha mostrado convencido de que su tramitación y aprobación se realizó "de forma intachable".

De la misma manera, se ha pronunciado el portavoz del PP, Rafael Blasco, quien ha criticado que el presiente del Gobierno tenga tiempo de preocuparse de un tema menor como es la apertura de una avenida, y ha asegurado que en el barrio "no hay expolio" ni por tanto, motivo para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, los grupos de la oposición, que ha coincidido en criticar la ausencia de Camps en el pleno, han acusado al PP de traer este asunto a la Cámara para "distraer la atención" sobre otros asuntos como "los malos datos de la economía valenciana", y han abogado por la rehabilitación del barrio.

El portavoz socialista, Ángel Luna, ha señalado que a los populares les preocupa "cualquier cosa menos la situación de los vecinos" del Cabanyal, y ha considerado que recurrir al Tribunal Constitucional es algo totalmente normal en un Estado de Derecho cuando hay conflictos de competencia.

"Tienen una concepción guerrera de las discrepancias que asusta", ha manifestado Luna, para quien el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno demuestra que esa Administración "funciona", frente a un Consell "paralizado" por el caso Gürtel, y con una estrategia que se basa en "planes inexistente" y "conflictos provocados".

La diputada de Compromís Mónica Oltra ha acusado reiteradamente al Consell de "mentir" en sus argumentos contra la orden del Gobierno, y ha criticado que el Cabanyal está siendo sometido a un "chantaje intolerable" al tener que elegir entre la prolongación de Blasco Ibáñez o que se le "caiga encima" el barrio.

Por su parte, la diputada de EU Marga Sanz ha defendido que la ciudad y los Poblados Marítimos ya están "perfectamente comunicados" y ha pedido al Consell que no se "esconda bajo este argumento" un "nuevo intento de negocio urbanístico a costa de la historia de un barrio, de su memoria y de las gentes que viven ahí".