Educación eleva a rango de ley la consideración de autoridad docente

El profesorado valenciano y los equipos directivos de los centros escolares, tanto públicos como concertados, contarán con el reconocimiento "institucional y legal" de la autoridad docente. Un anteproyecto de ley autonómica eleva el rango de esta consideración que desde hace año y medio tienen los docentes de la comunidad, a través del "Decreto de Derechos y Deberes". El borrador del articulado fue presentado ayer por el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, a los sindicatos firmantes del acuerdo de retribuciones -todos, a excepción del STE-PV- y le queda un año, antes de elecciones, para su aprobación por las Corts.

Con el decreto, queda a criterio de los jueces aplicar el reconocimiento de autoridad pública al profesorado. Han sido 37 los docentes que han solicitado el apoyo jurídico de la Generalitat ante las agresiones, insultos o amenazas que puedan haber sufrido, aunque no en todas las sentencias se les considera como tal, reiteraron fuentes de la conselleria.

"En este borrador se recoge definitivamente en un texto legal, con mayor rotundidad y precisión que en el decreto, el carácter de autoridad pública de los equipos directivos y de los profesores en el ejercicio de sus funciones" explicó ayer Font de Mora. Otra de las novedades del texto es que las medidas también afectan a los enseñantes de la privada concertada.

El proyecto reconoce el derecho docente a ser respetado, a recibir un trato adecuado, a ser valorado en el ejercicio de sus funciones, a desarrollar sus labor en un ambiente educativo óptimo y a disponer de autonomía para adoptar decisiones sobre convivencia. En opinión del conseller, "se quiere recoger que se reconozca al profesorado la importancia social".

Sin embargo, desde el sindicato CC OO aseguran que el borrador es "insuficiente desde el punto de vista legal, ya que no modifica el Código de Justicia Penal. Por tanto, el Ministerio Fiscal puede o no hacer caso de una normativa autonómica y el personal de privada seguirá quedando fuera del paraguas legal". Además, se pregunta por qué no se plantea en el ámbito estatal del Pacto Educativo.

ANPE recuerda que esta iniciativa es una de las medidas que en 2006 entregó a la conselleria, para la mejora de la Convivencia Escolar y "ya ha sido reconocida por la Fiscalía de la Comunidad", mientras que en CSI confía en que suponga un "instrumento útil para la mejora de la convivencia escolar".

FETE-UGT ve "jurídicamente impecable el anteproyecto ya que tiene por objeto reforzar la autoridad no "per se", sino para garantizar la prestación de un servicio publico educativo esencial" pero piensa que son necesarias otras medidas para lograr el buen clima escolar en los centros.