El portavoz de Infraestructuras del PSPV en las Corts valencianas, Francesc Signes, manifestó hoy que es el Gobierno valenciano quien "mantiene en el mismo nivel de ocultismo" a Sedesa con Orange Market al "esconder" documentos solicitados por su grupo sobre las 53 concesiones que en los últimos 10 años ha realizado el Consell a la empresa de familiares del vicepresidente Juan Cotino por valor de 830 millones y que ahora ha vuelto a reclamar. "Ellos sabrán por qué", cuestionó.
Al respecto, en rueda de prensa, aclaró que el grupo socialista "no tiene ni la sospecha" de estas contrataciones de la matriz de Sedesa en solitario o en UTE con otras empresas hayan sido "irregulares", sino que simplemente, al tratar de una empresa de un familiar de un miembro del Gobierno valenciano, quieren "comprobar" esta legalidad. Por ello, dijo no entender por qué se les "impide" estudiar "las interioridades" de estos procesos de adjudicación y por qué se "les esconde" los documentos que han pedido.
En ese sentido, afirmó que la documentación que les han remitido las distintas Consellerias afectadas es "exactamente la misma", lo que en su opinión prueba que ha habido "una instancia superior que ha dirigido la información que había que remitir y que ha indicado de forma muy clara qué documentos había que sacar de los expedientes". "Esta potestad está muy acotada", evidenció.
Signes aclaró que aunque en estas adjudicaciones también aparecen algunas de las empresas incluidas en el informe en el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, su grupo "no tiene nada contra ellas" ni piensa tampoco solicitar información sobre ellas a no ser, matizó a preguntas de los periodistas, que de la documentación se detectara alguna irregularidad.
En cualquier caso, insistió en estos momentos su labor como oposición "responsable" se centra en "fiscalizar" a Sedesa ya que resulta "casi imposible" encontrar "un área de negocio en el que no esté inmersa" tras el paso de Cotino por las Consellerias de Obras Públicas, Agricultura y Medio Ambiente.
Así, citó, como ejemplos de estas adjudicaciones entre 1998 y 2009 que suman un total de 830.317.621, 74 euros la contratación de obras de "envergadura" como la CV-50 entre Benaguasil y la A-3 por 605 millones, en UTE; obras de la línea 5 de Metrovalencia por 40,5 millones, edificación de centros docentes por 13,8 millones o la construcción de naves en el polígono industrial de Ribarroja por 8,5.
Signes avanzó que el pasado viernes volvió a presentar la solicitud de información sobre estas adjudicaciones pero esta vez demandando la documentación exacta ya que en la respuesta que les han dado todas las Consellerias se limitaron a proporcionar los pliegos de condiciones de las adjudicaciones que ya se conocen por estar publicadas en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes, en algún caso el acuerdo de aprobación del expediente y, en otros, la resolución administrativa del acuerdo de adjudicación del contrato.
Sin embargo, reprochó, en todos los casos se omiten las ofertas presentadas por cada empresa licitadora, los informes técnicos y jurídicos emitidos previamente a la emisión de la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, así como las actas de estas mesas y los contratos administrativos sucritos entre Sedesa y la Generalitat.
ACTITUD LAXA
Del mismo modo, criticó "la actitud laxa" de la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, por dar por buena esta "documentación incompleta", con lo que cuestionó si es que ha dejado sus funciones al frente de la Cámara autonómica por "estar al servicio del Consell". "Espero que en esta ocasión nos ampare", confió.
Por ello, recriminó que el Gobierno valenciano en esta ocasión, al igual que hizo con las adjudicaciones a Orange Market, al "negarse a poner luz y taquígrafos" ha puesto "en papel mojado" la anunciada supuesta etapa de transparencia y criticó que el PP "sigue inmerso en la opacidad, oscurantismo y falta de limpieza que preside el trío Camps-Blasco-Cotino".
Además, indicó que aunque Cotino el 14 de octubre dio a conocer que delegaba sus competencias sobre contratación, esta orden se produjo justo ocho días después de la solicitud de estos expendientes, con lo que "no resolvió nada" porque "qué pasa con las contrataciones de los 10 años anteriores", inquirió.
