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No aportaron nuevas pruebas ni grabaciones. No hizo falta, su relato en solitario y sus sollozos fueron suficientes para ratificar ante la juez el calvario sufrido por las tres periodistas de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y denunciado hace casi tres semanas ante el juez de instrucción número 1 de Paterna. De una en una, las tres mujeres describieron el acoso sexual, las vejaciones y las humillaciones que sufrieron por parte del secretario general y jefe de personal del ente público, Vicente Sanz.

Más de seis horas duraron las declaraciones de ayer, dos por cada denunciante. Una de ellas entraba a los juzgados de Paterna antes de las nueve de la mañana con lágrimas en los ojos.

Hoy está previsto que declare Vicente Sanz, quien ya declaró a otro medio de comunicación cuando se destapó el escándalo que tiene la conciencia "muy tranquila". No lo hará solo. Representantes sindicales de Canal 9 le recibirán a la puerta de los juzgados para mostrarle su reprobación.

Las tres periodistas relataron ante la juez la situación de acoso sexual a que las sometió Vicente Sanz desde finales de 2007, pero no denunciaron antes por miedo. En estos momentos, las tres se encuentran de baja laboral.

Medidas cautelares

La juez concretará hoy la imputación de Sanz y dictará medidas cautelares si fuera necesario, que pueden ir desde la prisión hasta la retirada del pasaporte, o ninguna de ellas.

La base de la defensa del jefe de personal de RTVV es que las relaciones sexuales fueron consentidas. Se habla de mensajes de teléfono y de grabaciones de móvil como posibles pruebas.

Tras hacerse pública la denuncia, Sanz presentó al director general del ente, José López Jaraba, una petición de suspensión cautelar de sus funciones, que fue aceptada. Con ello, Sanz pretendía, según dijo en su momento RTVV, "defenderse de las acusaciones de acoso sin dañar, así, a la institución en la que ha trabajado durante los últimos 15 años".

Por el momento, no se ha pedido por parte de las acusaciones la responsabilidad civil subsidiaria de RTVV, ya que el imputado ocupaba un cargo de responsabilidad hasta que fue suspendido en sus funciones cuando se hizo pública la denuncia. Se trata de una posibilidad legal al haberse producido los hechos denunciados en el lugar de trabajo y respecto de tres trabajadoras.

Sanz ocupaba un cargo directivo en RTVV desde 1995, tras ocupar la presidencia del PP en Valencia entre 1993 y 1994. Entonces dimitió tras divulgarse una grabación en la que decía que estaba en política "para forrarse", grabada a propósito de la adjudicación de los mapas sonoro y verde de Benidorm a una empresa.