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Entre la tranquilidad, la resignación y el incordio. Así se asumieron ayer en el grupo Cívica, antes Ortiz e Hijos, las novedades que le relacionan con la posible financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana tras el levantamiento del sumario por el juez Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En realidad, la principal novedad procede de la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar su imputación, junto a la de otros cuatro empresarios, por relacionarle con el pago de actos del PP mediante facturas emitidas por Orange Market contra las empresas. "Estamos tranquilos porque, llegado el momento procesal oportuno, demostraremos que todo está en regla y que los servicios facturados, se prestaron realmente", afirmaron fuentes de la constructora alicantina. "También es cierto que resulta incómodo verse envuelto y relacionado con noticias sobre corrupción; es lamentable", añadieron.
El resto de novedades conocidas ahora entran más en el terreno de la anécdota, como es la conclusión policial de identificar a Ortiz como el empresario "de las galletas" o el hecho de que el ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, le mencione en una conversación grabada. "Ahí vamos de víctimas o de pardillos sin saberlo; nos querían meter un gol", comentaron.
