El TS archiva la causa contra el senador del PP denunciado por su ex pareja

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el archivo de la causa contra el senador del PP por Castelló Manuel Guillermo Altava Lavall por presuntamente irrumpir con la Policía en la vivienda que había compartido con su ex pareja, y en la que en ese momento residía sólo ella, para llevarse sus pertenencias.

Así lo ha acordado la Sala de lo Penal del TS en un auto, en el que desestima el recurso de reforma que la ex mujer de Altava había interpuesto contra el archivo de este asunto por el magistrado del Supremo instructor de esta causa, Manuel Maza.

El pasado mes de febrero Maza archivó las actuaciones contra el senador "por no ser los hechos constitutivos de delito".

Altava y su ex pareja, Paloma Sanz, declararon por estos hechos en el Alto Tribunal el pasado 20 de julio y el senador aseguró que no había cometido ningún delito.

Sanz le acusa de utilizar su condición de magistrado de un juzgado de lo penal de Castelló para irrumpir con la Policía en la vivienda que ambos habían compartido, y en la que en ese momento residía sólo ella, para llevarse en un camión sus pertenencias.

Los hechos sucedieron el 15 de agosto de 2003 cuando, según fuentes de la acusación, Altava se dirigió hacia la vivienda y, "como carecía de las llaves para entrar a la misma, pues estas habían sido sustituidas por su compañera sentimental tras cambiar las cerraduras, accedió al inmueble retirando bienes de su propiedad que se hallaban en el interior".

El auto del magistrado instructor señala que "desde el punto de vista dominical la vivienda seguía perteneciendo, como copropietario, al denunciado, de igual modo que desde el estrictamente posesorio él no había renunciado de forma expresa en ningún momento a sus derechos de tenencia y uso del inmueble".

"La salida se produjo pues sin el carácter de abandono definitivo de la vivienda, en la que, al menos en principio, aún se esperaba su retorno, pasando a poderse considerar el abandono como definitivo, por su propia voluntad y aún sin previa resolución judicial al respecto, precisamente cuando toma la decisión de recoger sus efectos personales y la ejecuta", añade.

El auto concluye que la existencia de un delito de realización arbitraria del propio derecho "ha de resultar consecuentemente descartada".

Agotada la instrucción la Fiscalía estimó que procedía pedir el suplicatorio del senador "al existir elementos para fundamentar una pretensión acusatoria".

La sala de lo Penal del Supremo asumió la instrucción de este caso hace más de un año con el informe favorable del fiscal, que consideró que los hechos podían ser constitutivos del delito de "realización arbitraria del propio derecho".

A pesar de que Altava era el titular del juzgado número 3 de lo penal de Castellón cuando ocurrieron los hechos, la competencia para investigarlos corresponde al Tribunal Supremo al haber obtenido un escaño en el Senado en las elecciones generales de marzo de 2008.

Antes de que este asunto llegara al Supremo, el juzgado número 2 de Castellón investigó el caso y decretó en 2006 la apertura de juicio oral contra el magistrado, aunque no señaló la fecha de inicio del mismo.

Tras las elecciones, el juzgado elevó el caso al Supremo por la condición de aforado del imputado, y la sala de lo penal se declaró finalmente competente para asumir el procedimiento.