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El juez que investiga presuntos abusos sexuales a una reclusa del Hospital Psiquiátrico de Fontcalent por parte de uno de los trabajadores ha solicitado al centro numerosa documentación interna remitida a la dirección en los últimos años para comprobar si hubo quejas previas que alertaran de los hechos denunciados. Según ha podido saber este diario, el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique de Tejada, ha instando al centro a aportar numerosos expedientes con el fin de comprobar el desarrollo de los hechos y el conocimiento que podría tenerse de ellos por parte de la dirección y del personal del psiquiátrico. El mismo juzgado investiga también, aunque en una causa separada, si hubo malos tratos a un interno, también enfermo mental, por parte del mismo trabajador, imputados en ambos casos por el juez instructor.
Un informe pericial, realizado por un forense y solicitado por el juez, da validez a la declaración de la denunciante y que descarta que los hechos que relata sean fruto de fabulaciones. Varias funcionarias del centro habían alertado previamente, según fuentes penitenciarias, de la existencia de "problemas" y "conductas irregulares" en el módulo de mujeres del Hospital Psiquiátrico. Según las citadas fuentes, estas quejas se habían producido tanto por escrito como de manera verbal. En algunas de ella se llegó a solicitar "expresamente" un alejamiento del trabajador imputado, que ejercía las funciones de celador, y que mantuvo contacto con la reclusa hasta que fue suspendido de empleo y sueldo por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Zonas aisladas
Según ha podido saber este diario, los encuentros se producían durante las horas de salida a la calle en los programas de terapia y en lugares apartados de la ciudad, como playas y zonas aisladas. En la investigación se estudia también si el trabajador se aprovechaba de su condición de empleado (no es funcionario de la Administración) para mantener relaciones sexuales a cambio de prometer mejoras en el expediente de la interna.
Desde el sindicato de prisiones Acaip se asegura que el ex director del centro psiquiátrico, Miguel Martín, recientemente sustituido por Demetrio Monterde, era conocedor de problemas en el módulo de mujeres. Según el portavoz del sindicato, Miguel Bernal, "al menos sí tenía constancia de problemas en el módulo de mujeres porque había muchos comentarios y además quejas de algunas funcionarias", indicó.
Bernal pidió "prudencia" respecto a la actitud del trabajador imputado "puesto que hay que respetar la presunción de inocencia y será el juez el que decida poner un nombre a los hechos que aquí han pasado", afirmó. El representante de Acaip recordó que el trabajador está imputado por dos asuntos, malos tratos y abusos sexuales, ambos presuntamente producidos durante la dirección del anterior responsable, y que no existe constancia de ninguna orden interna oficial para apartar al trabajador del módulo de mujeres pese a los "comentarios que se oían".
Como ya informó ayer este diario, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sí suspendió al trabajador de empleo y sueldo tras la denuncia de un recluso que afirmó que le había pegado con un objeto de goma por pedir un vaso de agua y propinarle un insulto. Durante este tiempo pudo estar viéndose con la reclusa de la que presuntamente abusó, pese a que ya no trabajaba en el psiquiátrico.
Según juristas consultados por este diario, los abusos sexuales a una mujer con problemas mentales, como la interna, son "doblemente graves". La relación, aunque haya sido consentida, es valorada por los expertos como un abuso de condiciones por parte de la personas que está en su pleno juicio.
