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Ruptura total en todo... menos en la Sindicatura de Comptes. El páramo de acuerdos entre el PP y el PSPV en que se ha convertido la Comunitat tras estallar a principios de 2009 el caso Gürtel se rompió ayer con una acuerdo inesperado. El portavoz popular, Rafael Blasco, y el socialista, Ángel Luna, cerraron el pacto para renovar la Sindicatura de Comptes con un mandato de otros seis años, de forma que seguirán los tres auditores: El Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, y los otros dos síndicos, Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval, los dos primeros a propuesta del PP y el tercero, del PSPV.

Apenas 24 horas han tardado en sellar el acuerdo, ya que el plazo se abrió el martes y ayer por la mañana ya se registró el escrito conjunto. Cabe la posibilidad de que la elección incluso se adelante al pleno de la próxima semana. Tras el bloqueo del PP durante meses a la designación como senadora de Leire Pajín o la marginación en las cajas de ahorro, los socialistas se han avenido a cerrar este acuerdo -el partido de Camps los necesitaba ya que se requiere una mayoría de tres quintos de las Corts- para romper el discurso de los populares de que con ellos no se puede llegar a acuerdos y porque la alternativa era que los auditores continuarían en funciones. El PSPV ha querido dejar cerrado este asunto antes del 12 de mayo, cuando, en función de la decisión del Supremo sobre la causas de los trajes, el clima político se puede crispar todavía más.

El PP, por su parte, usará el acuerdo como aval de su gestión pese a las denuncias sobre Gürtel, ya que la Sindicatura no halló responsabilidad contable en 2008. Precisamente, la semana pasada, el PSPV aseguró que el hecho de que el órgano fiscalizador no cambiara su plan para auditar a las empresas que trabajaron con la trama es "una mancha que tardará en borrarse". No ha sido así.

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Por otro lado, los socialistas han secundado al PP en la decisión adoptada en la mesa de la comisión de Coordinación de no tramitar la petición de Compromís para que este órgano se pronunciara sobre la comparecencia de la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, con el fin de explicar sus "relaciones" como consellera de Turismo con la trama Gürtel, según desveló ayer la diputada de Iniciativa Mireia Mollà.

El argumento legal es que se trata de un procedimiento "desconocido en un sistema parlamentario". Mollà, quien recordó el regalo de un reloj de 2.400 euros a Martínez, señaló que el PP está exigiendo al presidente del Congreso, José Bono, que dé explicaciones de su patrimonio. El del PSPV fue un voto "preventivo" para evitar que el PP no lo utilice para citar a ex miembros del Consell del PSPV.