La "obsesión" de la Generalitat por no reconocer hasta ahora, después de 28 sentencias judiciales, la validez de la titulación de Filología Catalana para eximir de la prueba de conocimientos de valenciano en las oposiciones docentes ha costado en el último año y medio más de 16.500 euros a las arcas públicas correspondientes a las costas impuestas a la Conselleria de Educación por el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en 11 fallos. A esto habría que sumar los gastos de los cuerpos jurídicos del Consell y de la administración de justicia implicados en estos procesos.
Así lo aseguraron hoy representantes del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) y de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ofrecieron una rueda de prensa para valorar la convocatorias de oposiciones de 2010 que, por primera vez reconocen, aunque de forma implícita, a Filología Catalana entre los títulos que avalan los conocimientos de la lengua vernácula.
En la convocatoria publicada el pasado 30 de abril en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) se incluye en un anexo el listado de titulaciones que eximen de valenciano. Entre ellas, figura la Licenciatura en Filología, Sección Hispánica (Valenciano) o Licenciatura en Filología y Letras, división Filología (Filología Valenciana). La novedad respecto a bases anteriores es que se añade una "coletilla" que dice: "sin perjuicio de lo que dispone el anexo del Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre", que alude al título de Filología Catalana, "el único existente, vigente y reconocido por el Estado", recordaron.
Para los responsables de STEPV y ACPV se trata de un "circunloquio ridículo" para no nombrar el título de Filología Catalana. Aun así, ambas entidades consideran que la inclusión de la titulación es "una victoria" y ofrece "una garantía jurídica", al tiempo que instan a la Conselleria de Educación a invertir el dinero perdido en un "dispendio vergonzoso" en proyectos educativos.
En opinión de Alfons Esteve, abogado y miembro de STEPV, el motivo por el que la Conselleria de Educación se ha visto "obligada" a aceptar la validez del título es la "gran cantidad y contundencia" de las sentencias dictadas por los tribunales. El sindicato facilitó una relación de 35 resoluciones judiciales que establecen "la unidad de la lengua", 28 de las cuales --19 del TSJCV y otras 9 de Supremo-- rechazan la exclusión de Filologia Catalana como eximente de valenciano.
En algunas de estas sentencias, se ha llegado a advertir la "temeridad" del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, afirmó Esteve, que citó un dictamen del TSJ en el que justifica la imposición de costas a la Administración autonómica por su "manifiesta temeridad al reiterar incomprensiblemente la omisión (de Filologia Catalana) sin respeto a las decisiones judiciales firmes y faltar reiteradamenre a su obligación de respetarlas y cumplirlas".
El coordinador de ACPV, Toni Gisbert, celebró el "éxito" que significa este cambio de actitud de la Conselleria "porque la historia de la derecha en el País Valenciano es el intento fracasado de separar el valenciano del catalán, de negar la unidad de la lengua y de esconder la denominación común". "Esta historia
--prosiguió-- no está acabada y se puede hacer la previsión de que habrá nuevos reconocimientos más explícitos".
JURISPRUDENCIA
Igualmente, ironizó agradeciendo a la Generalitat su "tozudez", que ha permitido, dijo, que haya "una jurisprudencia de 35 sentencias que avalan la unidad de lengua catalana". Gisbert consideró además que ha sido la presión de estas resoluciones desfavorables la que ha forzado a la Conselleria de Educación a incluir la titulación porque "se estaba arriesgando a cometer prevaricación".
Por su parte, Marc Candela, de STEPV, insistió en que la nueva orden de convocatoria de oposiciones es una "victoria" y recalcó que estas entidades continuarán "vigilantes" para preservar el derecho de los licenciados. El representante sindical lamentó la obstinación "surrealista" y la "persecución" del Consell para evitar el término 'catalán'.
