­En la recta final de las consideraciones y reflexiones de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acerca de la suerte judicial que correrá el presidente Francisco Camps —cuyo futuro en los tribunales se decide mañana—, en el PP han hecho algo más que cábalas y especulaciones sobre los escenarios que se plantearán en función de si se decide archivar o reabrir la causa de los trajes. El ex ministro de Defensa y actual portavoz popular de Justicia, Federico Trillo, no ha dejado de moverse por todos los terrenos en los que directa o indirectamente hay quien tiene voz y voto para dilucidar si los 12.783 euros en trajes que le regalaron tres empresas de la trama Gürtel suponen un delito de cohecho impropio pasivo, tipificado en el artículo 426 del Código Penal.

Trillo ha llegado a plantear a magistrados del Supremo la posición política de un PP que pretende que se exonere a Francisco Camps de un presunto delito que políticamente supone una losa —dado que afecta a la línea de flotación de la honorabilidad del presidente— que bien podría sepultar la carrera política del jefe del Consell. A cambio, el hombre que lleva la batuta del PP en los asuntos judiciales y cuya influencia en todos los sectores conservadores de la justicia es más que evidente, ha trasladado la disposición de su partido a aflojar la presión política en las causas que afectan al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que es quien arrancó la instrucción del caso Gürtel y ordenó a la policía judicial entrar en las sedes de las empresas el 6 de febrero de 2009.

Además de haber estado en el centro de la polémica y de habérsele anulado algunas de las escuchas que ordenó en este caso, Garzón tiene otros dos asuntos pendientes que se están instruyendo en el Supremo: los cursos que el juez estrella dio en Estados Unidos, subvencionados por el Banco Santander (su presidente Emilio Botín declarará el día 19), y la causa que abrió el magistrado para investigar los crímenes del franquismo, un asunto que instruye el magistrado Luciano Varela.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidirá mañana si archiva definitivamente el presunto cohecho impropio, que pesa también contra el ex vicepresidente Víctor Campos o Rafael Betoret, que fue jefe de gabinete de la entonces consellera de Turismo, Milagrosa Martínez. Estos dos, Ricardo Costa —ex secretario general del PP— y el presidente Camps fueron obsequiados con trajes por 34.900 euros pagados por Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, tres firmas del entramado de Francisco Correa.

Total complicidad con el jefe del Consell

Federico Trillo-Figueroa no es un compañero más de partido para el presidente Francisco Camps. La relación entre ambos políticos es de una complicidad absoluta. El diputado por Alicante le debe al presidente precisamente eso: ser diputado por Alicante. Una plaza muy solicitada, que viene siendo ocupada por un cunero —es de Cartagena— que apenas tiene actividad política en esa provincia. El jefe del Consell, por su parte, nunca le estará suficiente agradecido a Trillo por la rapidez con la que siempre acude al auxilio cuando Camps está en apuros. Ya sea por los pulsos que mantuvo con Eduardo Zaplana o por las contingencias judiciales que acechan al presidente. Ambos comparten, además de partido, familia política. Uno y otro son destacados dirigentes del sector cristiano, cuyo peso en el PP es más que evidente.