12 de mayo de 2010
12.05.2010

Cronología

La decisión del Supremo llega un año después de que Camps declarara ante el TSJCV

12.05.2010 | 16:53

La decisión del Tribunal Supremo sobre la causa abierta contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un delito de cohecho pasivo, se produce casi un año después de que acudiera a declarar por este motivo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La decisión del Supremo de aceptar los recursos presentados por el PSPV-PSOE y la Fiscalía se produce sólo ocho días antes de que se cumpla el primer aniversario de la declaración de Camps ante el TSJCV por los 12.783 euros en trajes que supuestamente recibió de la trama Gürtel a cambio de otorgarles adjudicaciones.

Lo ocurrido hoy es un paso más en un caso que estallaba a principios de 2009, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, inició acciones legales contra una serie de personas por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre las que se encontraba Álvaro Pérez, "El Bigotes".

Este hombre de confianza de Francisco Correa, cabecilla de la trama, era el gerente de Orange Market, a la que la Generalitat había adjudicado el montaje de su expositor en Fitur, y con la que el PP había suscrito contratos para la organización de diferentes convenciones políticas.

"El Bigotes", que según se desprende de diversas conversaciones que se encuentran en el sumario del caso tenía una estrecha relación de amistad con Camps, era supuestamente el encargado de pagar los trajes que habrían recibido el president y otros altos cargos del Consell y del PP valenciano, y que llevaron a Camps ante el TSJCV.

Un Camps visiblemente sonriente acudía entonces a declarar acompañado por los tres vicepresidentes del Consell, Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino, así como por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien le ha acompañado en los momentos más duros desde que salió a la luz pública su implicación en este caso.

"Muy contento y satisfecho" dijo encontrarse tras los 45 minutos que duró su declaración, estado de ánimo que mantuvo cuando se conoció, casi tres meses después, que el TSJCV archivaba la causa al estimar que no había relación entre los "agasajos" que pudo recibir y la adjudicación de contratos públicos a la trama.

La Sala sí reconocía que tanto Camps, como el entonces secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret podrían haber adquirido diferentes prendas de vestir abonadas por Orange Market, empresa ligada a la trama Gürtel.

Al margen de esta decisión la investigación principal prosiguió su curso en el Tribunal Superior madrileño, donde su instructor levantó el secreto de una parte del sumario, lo que reveló numerosas conversaciones telefónicas que presuntamente relacionaron la trama con el PPCV.

El capítulo de las conversaciones, en las que "El Bigotes" contaba que Camps quería hacerse una foto con Barak Obama o que estaba mediando para que Costa pudiera comprarse un coche de lujo, se cerró con la destitución de este último, quien también tuvo que dejar su cargo como portavoz en Les Corts, y fue suspendido de militancia.

La decisión del Supremo no cierra la vertiente jurídica de este caso, ya que todavía queda pendiente de resolución la querella que el PSPV presentó contra Camps, Costa, Rambla y otros dirigentes del Consell y del PP valenciano, por los delitos de prevaricación y financiación irregular.

La querella se basó en un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre una posible financiación irregular de este partido, al que se suma otro en el que se afirma que la red corrupta preparó la obtención de contratos con Televisión Valenciana relacionados con la visita del Papa siete meses antes de que ésta se produjera.

Estos informes, junto con otros datos dados a conocer a través del sumario que instruye el Tribunal Superior madrileño y que afectan a diversos responsables políticos de la Comunitat, hacen pensar que el recorrido de la vertiente valenciana del caso Gürtel se mantendrá en el tiempo

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