El juez instructor del presunto cohecho impropio pasivo cometido por Francisco Camps, Victor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret, al aceptar regalos por 34.900 euros -12.783 en el caso del presidente- tiene, de momento, muy acotada la causa. Tanto que cuelga prácticamente de una percha y no se sale del territorio que la ley reserva para el tribunal del jurado. De momento. En cuestión de días el recorrido jurídico del mayor caso de presunta corrupción que jamás ha salpicado a la Generalitat y a un presidente valenciano puede sufrir una revolución espectacular. Depende, en buena parte, del magistrado Antonio Pedreira. Porque en sus manos está que el caso se amplíe a otros delitos y, como consecuencia, se salga del marco del tribunal del jurado.

El instructor de la causa general Gürtel -que pivota sobre los contratos público y presuntas comisiones que recibió la red de Correa en ayuntamientos de Madrid y en el Consell y el PP valenciano- tendrá que decidir cómo embala la trama valenciana y a quién remite el paquete. Podría enviarlo al Tribunal Supremo, junto con toda la causa y en atención a que la misma afecta a aforados de distintas comunidades autónomas. Pero fuentes jurídicas consultadas consideran que lo más lógico es que la parte que atañe a aforados de la Comunitat Valenciana acabe en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano. Lo mismo que sucedió cuando el juez Baltasar Garzón remitió la cuestión de los trajes. ¿Y qué pasará cuando llegue ese sumario La primera decisión será dilucidar si existe la llamada "conexidad" entre los regalos y el resto de los asuntos. Esto es, las comisiones que supuestamente se derivaron de las millonarias facturas de RTVV a propósito de la visita del Papa, la contratación de la Generalitat (empezando por la Agencia de Turismo) con firmas de la trama o la presunta financiación ilegal del PP por parte de constructoras beneficiarias de obra pública y otras concesiones.

Si las causas se acumulan, quedarían en manos del instructor José Flors. En ese caso, el presidente de la Generalitat ya no dependería de un tribunal del jurado presidido por el magistrado Juan Climent. Porque el caso se extendería a otros delitos que quedan fuera de los tipos sobre los que el jurado popular tiene competencias, determinadas en el artículo 1 de la Ley 5/1995 de 22 de mayo. Estas atribuciones no alcanzan a los delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales o falsedad documental, por ejemplo. El cohecho pasivo impropio pasaría a cohecho activo en el que se vincularían los regalos a la consecución de contratos.

Existe también la posibilidad, más difícil según las citadas fuentes, de que no se concentraran las dos investigaciones. En ese caso, habría que designar un instructor para la parte que llega de Madrid. Podría ser el propio José Flors u otro miembro de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano.

José Flors se negó a ampliar a otros delitos

La acusación popular, encarnada por el PSPV y representada por el letrado Virgilio Latorre, lo intentó en varias ocasiones sin éxito ante el magistrado José Flors. El instructor -cuyo auto sobre Camps fue tumbado por los magistrados Jose Francisco Ceres y Juan Luis de la Rúa, que decidieron el archivo en agosto de 2009- rechazó abrir la causa del cohecho impropio a otros delitos. Flors quiso ceñirse milimétricamente al guión del asunto que le fue remitido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Lo cual no fue óbice para que, hace ahora un año, llamara a declarar a todos los responsables de las consellerias que decidieron en las adjudicaciones de contratos a empresas de la trama Gürtel. En función de lo que decida Pedreira, la causa, ahora sí podría ampliarse a varios presuntos delitos.