24 de mayo de 2010
24.05.2010

La diputación licita material audiovisual que cuadruplica el precio de venta al público

El concurso prohíbe a las empresas ofertar un 25% más barato pese a los precios hinchados - Exige que hayan trabajado 20 veces con la administración

24.05.2010 | 02:00

¿Qué vale una pantalla de plasma de 42 pulgadas? Para la Diputación de Valencia, entre 2.625 y 3.500 euros. Usted, en cambio, la conseguiría por entre 549 y 999 euros con sólo entrar en una gran superficie. Además, y pese a pagar hasta cuatro veces menos que la institución provincial, su pantalla tendrá el doble de resolución y un contraste 200 veces más potente. Así de "surrealista", según denuncian fuentes especializadas del sector, es el concurso que ha convocado la diputación para adjudicar el contrato de suministro del equipamiento audiovisual para los centros culturales de 42 municipios.
El contrato, con algunos precios y materiales obsoletos, se licita por un importe máximo de 325.000 euros, IVA excluido. Pero lo que provoca la perplejidad de las mismas fuentes es que el concurso prohíbe a las empresas presentar ofertas un 25% más baratas que estos "precios desorbitados" al considerarlas "bajas temerarias". Con lo cual, la diputación está obligándose a pagar muy por encima del precio de venta al público. De hecho, el año pasado, según ha podido saber este diario, la diputación ya tuvo que excluir a alguna empresa de este mismo concurso por presentar bajas temerarias.
El ejemplo de las pantallas de plasma se repite también en los videoproyectores o en televisores de 17 y 32 pulgadas, con precios que duplican la realidad del mercado actual no ya para un distribuidor mayorista, sino para cualquier simple consumidor. "El margen de beneficio está fuera de lo normal porque los precios son excesivamente abultados", apuntan las mismas fuentes. La tecnología ha avanzado y se ha abaratado, pero el contrato de la diputación ha mantenido precios de otros años.

Concurso limitado a "veteranos"
Para poder participar en este concurso goloso por sus precios, además, la diputación establece otra cláusula controvertida: las empresas deberán presentar 20 certificaciones originales de ayuntamientos en los que hayan realizado durante los últimos tres años suministros de este tipo. Eso limita mucho el abanico de posibilidades para la adjudicación.
Todavía hay un cuarto aspecto que resulta polémico. Aunque el presupuesto del contrato base es de 295.000 euros, el concurso autoriza a la diputación a contratar de forma directa con la empresa ganadora hasta un 10% del presupuesto base global de licitación. Es decir, otros 29.500 euros de contratación a dedo durante todo 2010.
El concurso obliga a la empresa adjudicataria a entregar el material pueblo por pueblo y a impartir 14 cursos de formación. Pero ni estos costes extra justifican, según los suministradores consultados, unos precios tan "desmesurados" que chocan con los recortes y las estrecheces que han prometido las instituciones públicas en tiempos de crisis.

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