01 de junio de 2010
01.06.2010

El Consell usa el decreto urbanístico para dar más poder a Epsar y Vaersa

La empresa pública de residuos, que ya tiene más trabajadores que la conselleria, podrá ejecutar todo tipo de obras y servicios La entidad de saneamiento licitará proyectos con pago aplazado

01.06.2010 | 02:00

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El Decreto de medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas, aprobado por el Consell el viernes para "atajar la crisis económica y generar empleo" y que mete la directa en detalles de la reforma urbanística, también aprovecha el texto para dar más poder a dos empresas públicas: Valenciana de Aprovechamiento Energético de residuos (Vaersa) y Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).
La primera comenzó siendo, como su nombre indica, una empresa pública que se rige por el derecho privado, dedicada a la gestión y tratamiento de resíduos, pero casi ha acabado fagocitando a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo a la que casi dobla en número de trabajadores. Los sindicatos denunciaban en febrero que Vaersa ya alcanzaba los 1.800 trabajadores frente a los mil funcionarios de la conselleria.
Aunque más que una cuestión numérica esta política laboral esconde una "privatización de los servicios públicos ya que trabajadores que no son funcionarios públicos acaban tramitando documentos tan delicados" como "declaraciones de impacto ambiental, las autorizaciones ambientales integradas a grandes empresas contaminantes y generadoras de residuos, programas de actuación integrada o procedimientos sancionadores por incumplimiento de la legislación ambiental y urbanística", según han denunciado los sindicatos, el Síndic de Comptes y el de Greuges.
Con el nuevo decreto que entró ayer en vigor, Vaersa pasa a tener "poder adjudicador" -viene a ser una empresa como la que construye los colegios para la Generalitat, Ciegsa- que podrá ejecutar las obras directamente. Pero también podrá realizar "todo tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obras, servicios, y la gestión de servicios públicos en materia de medio ambiente, recursos hídricos, cambio climático, ordenación del territorio , paisaje y del litoral, agricultura, ganadería, pesca y alimentación en particular".
La otra modificación de calado es la autorización del pago aplazado en contratos de obra a celebrar por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar). Este método podrá aplicarse a "obras de infraestructura de abastecimiento de agua, saneamiento, depuración o reutilización de aguas depuradas". El pago aplazado deberá autorizarlo la Conselleria de Economía y el retraso en el pago "no podrá superar en diez años el plazo de ejecución de la obra de que se trate".
Los aplazamientos supondrán el pago de intereses a las empresas privadas que adelantan el dinero y a las que después el Consell devuelve poco a poco la inversión.
El pago aplazado para la Epsar no es fruto de la improvisación. La entidad que dirige José Juan Morenilla tiene ya preparado un plan de inversiones en nuevas depuradoras y ampliación de las existentes que supera los 300 millones, según ha podido saber este periódico. Las depuradoras por pago aplazado se licitarán en siete lotes. El plan está tan maduro que el primero de ellos se prevé sacar a concurso este mes de junio.

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