Lejos de temblarle el pulso, el portavoz socialista, Ángel Luna, explicó ayer que su partido no piensa abdicar de su obligación de fiscalizar los contratos públicos, empezando por los de Sedesa. Avanzó que el día 22 no acudirán al acto de conciliación y que, si hay querella por calumnias o difamación, recurrirán a la verdad como técnica de defensa. La conocida como "exceptio veritatis". Esto es, la verdad anula cualquier posibilidad de calumnia. Luna espera, en este sentido, que esa querella permita "sacar a la luz" los 53 expedientes sobre adjudicaciones a la empresa acusada de financiar al PP. Si del repaso de toda la documentación se concluye que hubo irregularidades, no tendría sentido hablar de difamación, según contó Luna. Precisamente esos expedientes están siendo objeto de una especie de cruzada del socialista Francesc Signes, quien lleva desde el pasado mes de octubre solicitando toda la documentación para fiscalizar los contratos con Sedesa.
Le pusieron a su disposición media docena de expedientes para que los revisara en la Conselleria de Economía y Hacienda, pero el diputado del PSPV considera que la información que han puesto a su alcance es escasísima y muy poco relevante. De ahí que pidió amparo a la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, a finales de abril. El pasado 12 de mayo, Martínez comunicó a Signes que había remitido copia de su petición al Consell. Hoy, Francesc Signes revalidará su petición porque sostiene que lo que la presidenta ha de procurar es que le remitan los contratos con el grupo Sedesa. f. a. valencia
