«Cero hostilidades». El informe anual del Síndic de Greuges, José Cholbi, correspondiente a 2009 evita declarar a ninguna Administración pública, por primera vez en la historia de la institución, como hostil a la labor del Defensor del Pueblo valenciano. Los responsables de la defensoría presentaron ayer la «colaboración» con los organismos públicos, que calificaron de «elevada y satisfactoria», como un «gran éxito». Cholbi, ex vicepresidente del PP en las Corts que fue designado Síndic en marzo de 2009 con los votos populares y del PSPV tras un convulso periodo de interinidades, enarboló la bandera de la negociación frente a la etapa de la Síndica en funciones, Emilia Caballero, aunque también de otros defensores designados por el PP, como Bernardo del Rosal.
La memoria anual subraya que ninguna administración incurrió en hostilidad por no contestar a los requerimientos de información del Síndic de Greuges, por no responder a sus recomendaciones o recordatorios de deberes legales o por contestar rechazando la recomendación sin motivarlo o hacerlo de forma injustificada. La clave es que este año todas las administraciones que han rechazado alguna resolución aparecen en el epígrafe de las que no aceptan pero justifican su postura, de forma que el Síndic entiende que existe una discrepancia razonada, por lo que tampoco sería justo declararlos en «rebeldía». Gracias a ello, se libran de la temida «lista negra» la portavoz del Consell y titular de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, y el de Sanidad, Manuel Cervera, pero también el alcalde de Elx y vicesecretario del PSPV, Alejandro Soler, junto a otros cuatro alcaldes. En el «cuadro de honor» de entidades colaboradoras figuran la FVMP y la Diputación de Alicante, que preside José Joaquín Ripoll, por los acuerdos para agilizar las quejas en los conflictos que afectan a corporaciones locales.
En el informe de 2007, que firmó Caballero —quien sigue como Adjunta primera al Síndic a propuesta del PSPV—, se declaró hostil a cuatro consellers y a seis alcaldes. En cuatro casos no se aceptaron, a diferencia de Cholbi, las explicaciones de los afectados. En la memoria de 2005, de Del Rosal, Síndic hasta abril de 2006, se puso en la picota a dos consellers y seis alcaldes.
Cholbi resalta en su informe que su objetivo ha sido reducir las hostilidades «para evitar el cierre de los expedientes sin que el problema se haya solucionado para el afectado» y subraya que, por este motivo, a la tradicional comunicación por correo ordinario, ha sumado este año los envíos por correo electrónico y las «diligencias telefónicas con los funcionarios públicos». En 2009, la quejas con expediente sufrieron un descenso respecto a 2008 (al pasar de 3.927 a 3.647), pero en realidad los asuntos sobre los que se reclamó fueron más ya que la Dependencia bajó de 1.864 a 948.
No obstante, el Síndic sale al paso para dejar claro que ello no significa «un empeoramiento del funcionamiento de las Administraciones públicas valencianas, sino la clara demostración del elevado grado de confianza» en la Sindicatura. Cholbi destacó la aceptación de sus decisiones, ya que, de 740 «sentencias», sólo hay 8 no aceptadas, al tiempo que enfatizó que, de 1.397 quejas cerradas en 2009, en 857 casos (el 61%) se solucionaron a favor del ciudadano. Un año más, la mayoría fue de Alicante (1.616), seguida de Valencia (1.614) y de Castelló (321).
Una presentación «clandestina» del informe anual
El Síndic, José Cholbi, acompañado por el Adjunto segundo, Carlos Morenilla, entregó ayer a la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, y a la Mesa la memoria 2009 en un acto sin periodistas, «clandestino». Y es que los medios de comunicación no fueron convocados. Martínez aplicó el criterio seguido durante esta legislatura, marcado por el boicot a la Síndica interina, Emilia Caballero, quien sigue como Adjunta primera a propuesta de los socialistas. Desde las Corts se alegó que nadie de la Sindicatura se dirigió a ellos para coordinar la convocatoria. El resultado es la evidencia de la anormalidad de una institución a la que no se ha permitido comparecer para hablar de los informes de 2006 y 2007 (que habrían correspondido a Caballero) ni 2008.
