El PP ha recurrido hoy el auto en el que el instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, se inhibió de parte de la causa en favor del Tribunal Superior de Valencia, argumentando que el juez se ha equivocado al guiarse por la "visión parcial" de la Fiscalia.
En el recurso de reforma, el Partido Popular pide a Pedreira que acuerde la nulidad de los autos del pasado 25 de mayo y 1 de junio -que aclaraba el anterior-, ya que sostiene que no existen datos nuevos de los que se pueda deducir ninguna conexión entre la causa investigada por el TSJCV y las actuaciones del tribunal de Madrid.
Además de insistir en que los hechos que imputa el fiscal no están acreditados, el PP, que ejerce la acusación popular, afirma que tampoco se ha acreditado la participación en los mismos del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el ex secretario general del PP en Valencia Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.
En el auto del 25 de mayo Pedreira, respaldando el informe de la Fiscalía Anticorrupción, acordó remitir al TSJ de Valencia la parte de la investigación relacionada con la actuación de varios miembros de la Generalitat y del PP en esa Comunidad, en la que advertía indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, cohecho y prevaricación.
El recurso del PP cuestiona la actuación de la Fiscalía, que a su juicio, "perdiendo la imparcialidad que debería regir su actuación", "presenta una visión fáctica, parcial, subjetiva e incluso tendenciosa", que ha provocado una "desacertada respuesta del instructor".
En concreto, considera que sus manifestaciones con relación a Camps "bien parecen evidenciar una postura persecutoria" hacia el presidente de la Generalitat, y evidencian también que la Fiscalía General del Estado actúa en esta causa con "inquina ajena a motivos judiciales" contra él.
El PP acusa a las fiscales Concepción Sabadell y Myriam Segura de tratar de mezclar a Camps con los hechos al señalar en su informe que "tampoco puede desdeñarse el cargo que ocupa en el PPCV" el presidente del Gobierno valenciano.
Unas apreciaciones "impropias" y comentarios penalmente irrelevantes pero "políticamente dañinos", según el escrito del Partido Popular, que subraya que "ser presidente de un partido nada supone para imputar a nadie un delito electoral".
"Sinceramente entendemos que se hace un uso gratuito e injustificado de la figura del señor Camps, que tanto rédito ha producido en determinados medios de comunicación, pero que tan poco tiene que ver con una causa penal seria", añade.
Según el Partido Popular, la Fiscalía "yerra" en sus planteamiento, provocando la equivocación del instructor, ya que no hay razones para acumular los hechos investigados en Valencia y las diligencias del TSJM.
Destaca que no existe conexión entre la causa que el Supremo ha ordenado reabrir al TSJ de Valencia sobre los trajes y regalos que supuestamente la trama de corrupción regaló a Camps y otros cargos de la Generalitat con los contratos que la administración valenciana adjudicó a la empresa Orange Market, propiedad de Álvaro Pérez, "el Bigotes", considerado el cabecilla de la red en esta Comunidad.
Sobre los informes de la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en los que el fiscal basa sus imputaciones, el recurso asegura que no entran "en absoluto, ni tangencialmente a analizar los hechos" que instruye el tribunal valenciano.
Con esta argumentación, el PP sostiene que no hay nuevos hechos conocidos que permitan "desvirtuar" lo ya constatado por el TSJCV "en cuanto a que los regalos fueron a cambio de nada y, por tanto", el supuesto delito investigado sería el cohecho pasivo impropio.
En su opinión, la pretensión del fiscal podría rayar incluso "el fraude procesal", ya que, si entiende que existe cohecho pasivo propio por estimar que los regalos fueron a cambio de actuaciones administrativas, debería actuar en la causa de Valencia y no en el tribunal de Madrid.
