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Las instituciones estatutarias de la Comunitat Valenciana tendrán difícil escapar al tijeretazo a los sueldos de sus altos cargos, aunque algunas de ellas se han puesto de perfil ante el debate. Es el caso de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y el Consell València de Cultura (CVC) cuyos miembros -a excepción de la presidenta y el secretario de la AVL que tienen nómina- cobran dietas por asistencia a comisiones que ellos mismos se regulan y cuyo control es bastante opaco.

Ninguno de estos organismos ha hecho, al menos hasta el momento, gesto alguno que permita deducir que también arrimarán el hombro. Con todo, están obligados a tomar decisiones, al menos en lo que respecto al personal a su servicio, al que también le afecta el recorte decidido por el Gobierno central. De hecho, según el decreto ley del Consell de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público valenciano aprobado el pasado viernes y que ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), este tipo de entidades tendrán que mover ficha.

Es más, el Ejecutivo valenciano parece conminarles a que apliquen las retenciones que por decreto corresponde al personal, pero que también secunden el gesto de los altos cargos de la Generalitat. Tal como informó este diario, el Consell de Camps no se ha limitado solo a aplicar a los funcionarios el tijeretazo decretado por Zapatero. Tras un debate interno y alguna que otra resistencia, el Consell decidió aceptar la recomendación del Estado de bajar los salarios de los altos cargos. En concreto, se decidió una disminución que oscila entre el 15% aplicado a la nómina del presidente de la Generalitat y los consellers y el 8% a los directores generales.

El decreto publicado ayer especifica negro sobre blanco cómo y a quien se le aplicará el recorte. Tal como adelantó el vicepresidente Gerardo Camps se verá afectado el personal de la Administración de la Generalitat y los organismos públicos, pero no las sociedades mercantiles, aunque sí sus directivos. Sin embargo, las instituciones incluidas en el artículo 20.3 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, sí entran dentro en el ámbito de aplicación, aunque corresponde a ellas adoptar los acuerdos pertinentes. La lista incluye además de la AVL y el CVC, la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu (CJC), el Síndic de Greuges y el Comité Econòmic i Social (CES). En el decreto la Conselleria de Economía dice estar a la espera de las "retenciones" que estas instituciones comuniquen fruto de los "acuerdos para reducir las retribuciones de sus miembros y el personal a su servicio".

El debate en el ámbito de algunas de estas entidades ya se ha suscitado, aunque no hay todavía ningún acuerdo adoptado. Fuentes de la Sindicatura de Comptes indicaron a este diario que el acuerdo se tomará la semana que viene una vez los síndicos tomen posesión del cargo y se tomará como referencia el recorte que se prevé aplicar en las Corts. También el síndic de Greuges, José Cholbi, tiene previsto seguir el ejemplo de la Cámara autonómica. El Jurídico Consultiu también tiene previsto hacer un gesto, aunque todavía no se ha concretado hasta donde sus miembros están dispuestos a rebajar su nómina. En el CES sus miembros no tienen nómina. En todas estas instituciones la opacidad respecto al sueldo específico de cada alto cargo es la norma.