09 de junio de 2010
09.06.2010
Movilización contra los recortes

El paro general de los funcionarios fracasa pese a las manifestaciones multitudinarias

La huelga tiene escaso seguimiento en los centros de trabajo UGT, CC OO y CSI·F piden al Gobierno que no genere más conflicto social

09.06.2010 | 02:00
Momento en el que la marcha de Valencia llega a la sede provisional de la Delegación del Gobierno, en la calle Colón, ayer tarde.

Las manifestaciones vespertinas en Valencia, Castelló y Alicante pusieron ayer punto final a a la jornada de huelga general en la función pública convocada por las centrales sindicales contra los recortes salariales decretados por el Gobierno para recortar el déficit del Estado en la C. Valenciana. A pesar del segumiento multitudinario en estas concentraciones -celebradas sin incidentes- la normalidad reinó en la práctica totalidad de los servicios más demandados por los usuarios como el transporte público (EMT y FGV no secundaban el paro), los hospitales, la administración de justicia, los centros de salud o los colegios, entre otros centros.
Los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F protestaban bajo el lema "Contra los recortes salariales y sociales", tras la rebaja del 5% de media en los salarios de los funcionarios aprobada por el Ejecutivo, así como por la congelación que se aplicará a los pensionistas. También otros sindicatos como USOCV, Intersindical Valenciana, CGT, o centrales sectoriales como UPF y SUP (de la Policía Nacional) acudieron a la manifestación de Valencia, que según sus organizadores congregó a unas 30.000 personas, cifra que rebajó a 10.000 la Policía Local . También se celebraron manifestaciones en Alicante, donde acudieron 10.000 personas, según las organizaciones sindicales, y 5.000, según la Policía Nacional; así como en Castelló, donde las centrales elevaron el segumiento a 8.000 personas, cantidad que la policía situó en 2.400 manifestantes.
La principal marcha organizada en la Comunitat Valenciana, la de la capital del Túria -entre la plaza de San Agustín y la Delegación del Gobierno (ahora en la calle Colón), estuvo encabezada por los secretarios generales de UGT y CC OO-PV, Conrado Hernández y Paco Molina, respectivamente; así como por los máximos responsables de sus federaciones de servicios públicos, Luis Lozano (FSP-UGT) y Arturo León (CC OO) y por el presidente del CSI·F en la Comunitat Valenciana, Daniel Matoses. Estas tres centrales, mayoritarias en el sector público, consensensuaron un manifiesto donde aseguran que la propuesta del Gobierno "nos lleva a un conflicto social".
El malestar transmitido por los manifestantes y los lemas inscritos en sus pancartas: "Las trabajadoras y trabajadores no somos culpables de la crisis. ¿Por qué tenemos que pagarla", "No a los recortes sociales" , entre otros, invitan a pronosticar una posible huelga general a finales de junio, según fuentes sindicales, si el Gobierno de Rodríguez Zapatero "da una nueva vuelta de tuerca a la clase trabajadores con la reforma laboral en ciernes". Lozano, León y Matoses transmitieron al Delegado del Gobierno en la C. Valenciana, Ricardo Peralta, la necesidad de que el Gobierno "rectifique", y "reoriente la política económica", para poder generar ingresos incentivando la inversión productiva, reactivando la economía y resolviendo el problema del paro, "y no con recortes de derechos sociales". En su opinión, las medidas decretadas son "injustas" y "rompen unilateralmente el diálogo social en el sector público, pues el Acuerdo 2010-2012 ya contemplaba hace siete meses medidas de contención salarial suficientes para el escenario de crisis". Los dirigentes sindicales recordaron que la "inmensa mayoría" de los empleados públicos se puede considerar "mileurista", ya que más del 60% no superan los 1.500 euros en salario bruto mensual.

Méndez y Toxo amenazan al Gobierno con la huelga general

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, calificaron de "notable éxito" el paro general en la función pública y advirtieron al Gobierno de que convocarán una huelga general si en las "próximas fechas" consolida el "giro" de su política económica, una vez aprobado el plan de ajuste adicional de 15.000 millones, con una reforma laboral "lesiva". La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, cifró el seguimiento de la huelga de funcionarios en un 11.85%. "El paro en la Administración pública ha tenido un alcance limitado", agregó. La cifra contrasta con la visión de los organizadores (75%).

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