El secretario de Política Municipal del PSPV, José María Ángel, criticó ayer que esta semana "será recordada por los ayuntamientos de la Comunitat como una de las más tristes y dramáticas", ya que, a su juicio los consistorios han visto como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, les deja "absolutamente abandonados a su suerte". "Con su irresponsabilidad y su obcecación partidista, el PP ha puesto en peligro evidente la prestación de los servicios que los entes locales prestan a los ciudadanos", subrayó.
El dirigente socialista se expresó en estos términos en un comunicado después de que esta semana se aprobara en las Corts la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana que, a su juicio, "con un retraso de diez años desde el acuerdo alcanzado en el seno de la Asamblea de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y ratificado por el Consell, nace muerta e inservible para los ayuntamientos del siglo XXI".
Deuda con Valencia
También en el ámbito municipalista, la secretaria general del PSPV Valencia, Carmen Martínez, emplazó ayer a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, a que "se atreva a pedir al presidente de la Generalitat Francisco Camps los 1.000 millones que debe a Valencia con el mismo ahínco con el que se dirige siempre en sus proclamas contra Rodríguez Zapatero".
La líder provincial se expresó así en un comunicado en el que señaló que cada valenciano "debería abonar 1.245 euros de su bolsillo para saldar la deuda que Camps tiene contraída con los consistorios, y esa cantidad suma en la ciudad de Valencia 1.005 millones de euros, una inyección de capital que supondría la creación de 50.000 puestos de trabajo en la capital". Según Martínez, "la deuda de Camps con todos los ayuntamientos de la Comunitat asciende a 6.120 millones de euros, 3.134 de ellos en la provincia de Valencia, y 1.005 sólo en la capital".
