La fiesta se acabó también para los ayuntamientos, en especial para los de más de 50.000 habitantes. El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, aprovechó ayer el acto de toma de posesión de los tres auditores de la Generalitat designados por las Corts, en pleno debate sobre el ajuste en todas las administraciones, para anunciar que el nuevo plan trienal 2011-2013 de la Sindicatura incluirá la realización de "fiscalizaciones completas de legalidad y cumplimiento de los ayuntamientos de las grandes ciudades". Se trata de un "avance", destacó, ya contemplado en el programa anterior, pero que no se ha podido cumplir "hasta disponer de los datos de los consistorios a través de la plataforma digital".

Vicente Queralt y los otros dos síndicos de cuentas, Antonio Mira-Perceval y Marcela Miró, tomaron posesión del cargo tras su reciente reelección para un nuevo mandato de seis años. El Síndic Major explicó que la institución quiere "dar un paso más y, en lugar de hacer fiscalizaciones horizontales, realizar fiscalizaciones completas de toda la gestión económica de los grandes y pequeños ayuntamientos". En el caso de las grandes ciudades, la idea es que todas pasen por una auditoría al menos una vez por legislatura (cuatro años). "Que sepan que van a ser auditadas", es el mensaje que se traslada de la institución para que las grandes corporaciones, con un volumen elevado de gasto, cuiden su gestión.

No en balde, si hasta ahora las auditorías horizontales sólo afectaban a áreas concretas, a partir de 2011 serán objeto de revisiones completas, como las de la Generalitat, con examen de contratos, subvenciones y personal. Vicente invocó su pasado como interventor de administración local para confesar su "preocupación" por el sector público local, "su composición, estructura y financiación", así como sobre "el ejercicio del control interno en el ámbito municipal". A la pregunta sobre la necesidad de eliminar las diputaciones o fusionar ayuntamientos, contestó que la revisión del mundo local "es la asignatura pendiente todavía desde nuestra Transición".

Aunque apuntó que se trata de "una cosa muy complicada", se mostró convencido que la nueva ley "puede abrir un debate para reestructurar el sector local en muchos aspectos, no sólo en la financiación, sino en la organización o actuación de las diputaciones", entre otras. Para Vicente Queralt, "es el momento oportuno de abrir este debate y espero que tenga éxito".

Inquirido por el sobrecoste de 600 millones en la Ciudad de las Artes, denunciado por el PSPV, el Síndic sacó discretamente pecho al apuntar que esos datos "deben estar" en sus informes, que son "muy exhaustivos", aunque él, navegó, no lo sabe. Vicente también advirtió que, entre las consecuencias de la crisis, está la "pérdida de confianza" del ciudadanos en las instituciones, "algo que nos afecta", al cuestionar realidades que no tienen "más marcha que hacia adelante", como la Administración autonómica, que "es la que es" y "puede pensarse que está sobredimensionada", pero a los auditores "no corresponde analizar esto".

"Garantes de la honorabilidad"

La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, pidió la colaboración de las instituciones auditadas por la Sindicatura para recuperar la "credibilidad" de los ciudadanos. La titular de la Cámara recalcó que los auditores públicos tienen el "reto" de "convertirse en garantes de la honorabilidad y racionabilidad en las cuentas públicas". También indicó que, "en periodos tan duros como el actual", las instituciones "tienen la obligación de no defraudar a los ciudadanos".