19 de junio de 2010
19.06.2010

Libertad con fianza de 30.000€ a uno de los presuntos sicarios del crimen de Polop

La Audiencia de Alicante apunta que no hay pruebas de su presencia donde fue asesinado el alcalde

19.06.2010 | 02:00

La Audiencia de Alicante dictó ayer un auto en el que decreta la libertad bajo fianza de 30.000 euros para uno de los ciudadanos checos imputados por el asesinato del ex alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda (PP), en octubre de 2007, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. El acusado supuestamente es uno de los sicarios, aunque los investigadores no han aportado pruebas de que estuviera en el lugar del crimen. Este ciudadano forma parte de los siete encarcelados por su presunta vinculación con el crimen de Ponsoda y se encuentra en prisión desde que el pasado 23 de noviembre la titular del Juzgado número 2 de la Vila Joiosa, que instruye la causa por el asesinato, dictara prisión provisional para él.

Junto a éste, la juez dictó el mismo día auto de prisión contra otro compatriota y contra el gerente de un club de alterne en el que, según la investigación, podría haberse tramado el asesinato de Ponsoda. Además del delito de asesinato, a este ciudadano checo se le imputa otro por tenencia ilícita de armas.

Según el TSJCV, la Audiencia "ha estimado parcialmente" el recurso de apelación presentado por la defensa del encarcelado contra el auto del pasado 26 de abril de la juez de la Vila Joiosa que confirmaba la "prisión provisional" para el ciudadano checo.

Pese a mantener la resolución del órgano instructor, el auto de la Audiencia posibilita "la libertad del imputado" previa consignación de 30.000 euros. En caso de que pague la fianza, el imputado deberá comparecer cada quince días en el juzgado.

Según el TSJCV, los magistrados de la Audiencia han decretado la libertad bajo fianza al entender que el auto recurrido por la defensa "constata que existen indicios" que apuntan a la "posible participación" del imputado en los hechos, pero éstos "no concretan su presencia en el lugar de los mismos".

Además, la Audiencia entiende que esa circunstancia, "sumada a su nacionalidad comunitaria", reduce "el riesgo de fuga" del imputado. Según el auto de la Audiencia, estos motivos y el hecho de que no existan datos sobre la proximidad de la celebración del juicio "justifican la posibilidad de eludir la prisión" previo pago de 30.000 euros.

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