Alcaldes y presidentes de diputación burlan la rebaja salarial que les recetaron

El ministro ya hace tiempo que dejó de ser el señor ministro. La posición de privilegio de la que gozaba esta figura en tiempos de "La Escopeta Nacional" quedó para la historia. Y, estatus al margen, el poder adquisitivo tampoco ha salido reforzado últimamente. El ex ministro Miguel Boyer, que ocupó la cartera de Economía en el primer gobierno de Felipe González, lo denunció ayer de forma cruda: "Al final, sólo los analfabetos llegarán al Gobierno". La situación de los consellers valencianos, los peor pagados del mapa autonómico, es, en cierto punto, asimilable a la de los ministros.

Los últimos recortes salariales de los servidores públicos, con los que han querido dar ejemplo de ajuste en momentos de crisis, han afianzado la posición de ventaja de la que disfrutan los políticos de corporaciones locales respecto de la Administración central y la Generalitat. Entre otras razones porque estos últimos se han saltado en muchos casos las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la hora de ajustarse las nóminas. El Ayuntamiento de Valencia o las diputaciones de Castelló y Alicante son tres ejemplos en los que las rebajas salariales aplicadas son inferiores a las orientaciones del organismo municipalista. Así, en Valencia los 33 concejales se han reducido un 8% el sueldo, casi la mitad de lo que marca la FEMP en el caso de los ediles que gobiernan (los 21 del PP) y un punto menos, para los de la oposición socialista. A los doce ediles del PSPV, que cobraban 72.300 euros antes de la reducción, correspondía aplicar un 9%, al estar comprendido el sueldo entre 64.606 y 73.682, según baremo de la federación. Más chocante resulta la reducción pactada por populares y socialistas para los concejales del PP. Les correspondía una bajada del 15%, dado que todos ellos cobraban más de 81.155 euros. Los concejales con delegaciones perciben 83.150 euros, un 15% más que quienes no tienen responsabilidad de gobierno. Se les ha descontado el 8% y pasarán a recibir 76.493 euros.

El honor de ser concejal

El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, cobrará a partir de ahora 89.796, exactamente un 35% más que el concejal raso, dado que suma otros dos complementos (por ser primer teniente de alcalde y portavoz) además del que le toca por su responsabilidad de gestión. La alcaldesa, Rita Barberá, por su parte, cobrará, tras su recorte de nómina, casi 100.000 euros. En vez del 15%, se ha reducido un 8%. Antes cobraba 108.000.

El cuadro salarial del Ayuntamiento de Valencia deja al concejal peor pagado -cualquiera de la oposición- con 9.000 euros más de sueldo que un vicepresidente de la Generalitat y casi a la par con el presidente Camps. El jefe del Consell cobrará 10.000 euros men0s que un edil de gobierno del cap i casal, cuyo sueldo equivale prácticamente al del presidente Zapatero. La alcaldesa Barberá tendrá 33.000 euros más de remuneración que Camps. Esto es, un 50% más.

La diputación de Castelló, donde se aprobó una bajada del 7%, tampoco ha cumplido los requisitos de la FEMP. Menos aún la de Alicante, empezando por el presidente, José Joaquín Ripoll, quien forzado por la oposición accedió a bajarse el sueldo de 101.000 euros a casi 91.000. Un 10% fue toda la bajada. Exactamente cinco puntos menos de lo que recomendaba la FEMP. En el caso de Alfonso Rus, su 10% de reducción sí se ajusta a las recomendaciones porque el presidente de la diputación de Valencia cobraba hasta ahora 74.000 euros.

Todo un sueldo fuera del sueldo

Corporaciones locales al margen, los diputados y senadores, que se han guiado por el decreto ley de medidas extraordinarias para reducir el gasto público, también han aplicado, en parte, el clásico "hecha la ley, hecha la trampa". Las reducciones no se han aplicado al conjunto del salario bruto anual, sino a la llamada "asignación" básica y al complemento de ejercicio del cargo. Sobre esas bases, los presidentes del Congreso y del Senado se han descontado el 15% y vicepresidentes, secretarios de la Mesa y portavoces de los grupos parlamentarios, el 12%.

Sin embargo, los 1.822 euros que un diputado electo por una circunscripción que no sea Madrid percibe como indemnización por alojamiento o manutención queda al margen de la rebaja. La justificación es que no se trata de sueldo sino de "dietas e indemnizaciones", exentas, por cierto, de tributación en el IRPF. Lo mismo sucede con los 250 euros mensuales para taxis o los 125 o 150 euros diarios de dietas cuando se está de viaje en España o el extranjero, respectivamente. A estos pluses, tampoco se les meterá la tijera en la Cámara autonómica cuando en breve se apruebe la rebaja de salarios de sus señorías.