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Si el acuerdo recientemente adoptado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se aplicara en la Comunitat Valenciana, Rita Barberá y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, tendrían que cobrar prácticamente la mitad o los consellers, el doble de lo que perciben. El organismo andaluz que agrupa a las corporaciones locales ha resuelto establecer unos topes salariales para alcaldes, concejales y políticos de las diputaciones, en función de los sueldos de la Junta de Andalucía. Así, se establece que los alcaldes de las mayores ciudades (Sevilla y Málaga) y los presidentes de las diputaciones nunca podrán superar el sueldo de un consejero, cifrado en 67.892 euros, tras de la rebaja salarial.
La segunda categoría sería la de los alcaldes de municipios de entre 100.000 y medio millón de habitantes, cuyo sueldo máximo sería el de un viceconsejero, esto es, 63.704 euros. Los primeros ediles de ciudades medias (entre 20.000 y 100.000 habitantes) tendrían un tope de retribución equivalente a un director general, que en Andalucía cobra 54.540 euros. Con esta resolución, la FAMP viene a dignificar los sueldos de la Junta o, según se mire, a poner coto a los excesos municipales. Con una norma como esta, serían unos cuantos los alcaldes valencianos que deberían ajustarse varios agujeros el cinturón. Además de Barberá, Alberto Fabra (Castelló), Sonia Castedo (Alicante), Agustín Navarro (Benidorm), Juan José Rubert (Vila-real), Mariano Beltrá (Novelda), Enrique Navarro (Onda) o María José Catalá (Torrent), que cobran más que Camps. Y, entre otros, Alejandro Soler (Elx), Vicente Ibor (Paiporta), Elena Bastidas (Alzira), Vicent Garcia Mont (Algemesí) o José Manuel Orengo (Gandia), cuyo sueldo supera al de un director general.
