El 10,8% del total de quejas que el año pasado llegaron al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, procedían de la Comunitat Valenciana que se irguió en la cuarta autonomía en número de reclamaciones presentadas, por detrás de Madrid (23,50%) que fue la que más remitió, Cataluña (15,89%) y Andalucía (12,87%).
Los valencianos elevaron el año pasado en total 2.343 quejas, 906 de la provincia de Alicante, 215 de Castelló y 1.222 de Valencia.
El dato más relevante de la memoria que ayer presentó Enrique Múgica a los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente, es el relativo al aumento del número de quejas individuales que se presentaron el año pasado, aunque en general la institución registró 13.000 reclamaciones menos que en 2008.
De hecho, el año pasado se presentaron 79.386 quejas, frente a las 92.388 del ejercicio anterior; entre ellas, las individuales ascendieron a 18.392 (2.588 más que en 2008), la cifra más alta de las contabilizadas por esta institución.
Por sectores, destaca la frecuencia en el número de quejas que planteaban disfunciones en la actuación de las administraciones públicas en materia económica, vinculadas a los impuestos y tributos, las telecomunicaciones, la ordenación económica y financiera general, pero también con las infraestructuras y los transportes.
Deterioro de la sanidad pública
En el ámbito sanitario los ciudadanos aprecian un "claro deterioro" de la sanidad Pública y denuncian, en la actividad de muchas administraciones sanitarias, una "inclinación hacia la externalización de servicios" que justifican por la búsqueda de eficacia y de modernización de los recursos.
Entre las quejas destacan algunos problemas "estructurales" y "crónicos", como las largas listas de espera diagnósticas ante las que "no se aportan soluciones, o las aportadas son poco eficaces".
En Servicios Sociales, el informe censura "situaciones verdaderamente trágicas" registradas en los centros de protección para menores, que han podido conducir a los jóvenes a situaciones de intento o comisión de suicidio.
En cuanto a la Ley de Dependencia, apunta que muchos expedientes superan "de largo" los dos años desde la solicitud de las personas dependientes sin que las administraciones hayan mostrado "la debida diligencia por hacer efectivos sus derechos"
