23 de junio de 2010
23.06.2010

La Fiscalía considera graves los ataques del PP contra los funcionarios del caso Gürtel

Anticorrupción defiende la imparcialidad de las unidades de auxilio judicial, enumera las descalificaciones del PP y las hace extensivas al juez

23.06.2010 | 02:00

La Fiscalía ha impugnado el recurso del PP contra la decisión del instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, de remitir parte de la causa a Valencia y ha denunciado la gravedad de las acusaciones de ese partido contra funcionarios públicos.
En el escrito remitido al juez el viernes, la Fiscalía Anticorrupción expresa "la gravedad" que comporta la actuación procesal del PP, que -dice- para oponerse a una decisión judicial "vierte sobre distintos funcionarios públicos" acusaciones de parcialidad, falta de rigor y objetividad y ligereza.
Anticorrupción enumera las descalificaciones que, en su recurso contra la inhibición de Pedreira, el PP dirige a la Fiscalía, a la que acusa de perder la imparcialidad, presentar una visión tendenciosa y "rayar incluso en el fraude procesal".
Indica que todas estas imputaciones "deben entenderse extensivas" al juez instructor, ya que éste acogió íntegramente la argumentación del Ministerio Público, y recuerda que el PP también tildó de "peritos parciales" del fiscal a los inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF), los de la Agencia Tributaria y los interventores del Estado.
Anticorrupción defiende la imparcialidad de todas las unidades de auxilio judicial cuyos informes han determinado la inhibición de Pedreira y resalta que ninguna de ellas depende de la Fiscalía "en modo alguno", sino del juez instructor.
Para la Fiscalía, la "corrección formal" es si cabe más exigible cuando se trata de una acusación popular, como la que ejerce el PP en el caso, "toda vez que ni siquiera puede ampararse en la vehemencia de la defensa".
En este sentido, añade que "hay que partir de la presunción de que (el PP), en tanto continúa personado como acusación popular continúa comprometido en el ejercicio de la función constitucional" que a esta acusación corresponde, "absolutamente alejada de la posición procesal de defensa".
Además, las fiscales Concepción Sabadell y Miriam Segura insisten en que la inhibición del magistrado del TSJM al TSJCV es totalmente procedente debido al aforamiento de las personas investigadas y la "conexidad" de los delitos.
Así, reitera que el último informe de la Intervención General del Estado ha revelado irregularidades en la contratación entre la Generalitat y Orange Market, dirigida por El Bigotes, considerado el cerebro de la trama en Valencia.
Recuerda que en varios de esos expedientes intervinieron algunos de los imputados -como Rafael Betoret- y que, por ello, el delito de cohecho que se investigaba en Valencia podría no ser "en algunos casos" impropio.
Otro informe al que alude es el de la Agencia Tributaria del 6 de mayo, que destapó posibles delitos electorales en la contratación y facturación entre Orange Market y el PP de Valencia en 2007, año delos comicios autonómicos.

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