El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) admitió ayer en un comunicado de prensa que el magistrado instructor del proceso contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres imputados por un presunto delito de cohecho impropio sólo incorporó a la causa "aquellas grabaciones que contenían las conversaciones en que habían intervenido personalmente los imputados, y que pudieran guardar relación directa con el objeto del procedimiento".

Y lo hizo -matiza- "a los efectos de poder recibir declaración a las personas imputadas, aforadas ante el TSJCV". El alto tribunal se pronunció en estos términos después de que Levante-EMV revelara ayer un escrito del teniente fiscal del Tribunal Supremo en el que atribuye al TSJ valenciano la decisión de excluir de la causa las escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, que recogieron conversaciones que avalan la versión del presidente de la Generalitat de que se pagó los trajes. En una respuesta al abogado que interpuso una querella contra el juez Baltasar Garzón por el asunto de las escuchas en la prisión -finalmente declaradas ilegales- el fiscal del Supremo afirma que "es obvio" que toda las diligencias prácticas por el juez de la Audiencia Nacional -incluido el tomo con las conversaciones favorables a Camps- fueron remitidas al TSJ valenciano, que optó por no incorporarlas a la causa. "Fue, por tanto, decisión del TSJ de Valencia no incorporar las referidas transcripciones -los supuestos elementos exculpatorios- a las que posteriormente serían sus Diligencias Previas", dice el fiscal en un escrito el pasado 1 de marzo.

De hecho, la defensa de jefe del Consell no tuvo conocimiento de estas grabaciones hasta el pasado mes de octubre cuando el juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, levantó el secreto del sumario. Entonces, la causa por cohecho impropio llevaba dos meses archivada después de que en agosto la sala de lo civil y penal del TSJCV que preside por José Luis de la Rúa tumbara el auto del juez Flors que puso a Camps a las puertas de ser juzgado.

Cuando las conversaciones de Crespo y Correa se hicieron públicas, el Consell se quejó formalmente ante el Consejo General del Poder Judicial al entender que Garzón había ocultado pruebas consideras claramente exculpatorias. Sin embargo, el escrito del teniente fiscal del Supremo atribuye al instructor de Valencia la decisión de no incorporar en la pieza separada de los trajes la documentación relativa a la escuchas en la cárcel. Camps, que vuelve a estar imputado, insiste en que las conversaciones son exculpatorias y quiere usarlas como prueba de su inocencia cuando Flors retome el procedimiento. En el comunicado se afirma que el alto tribunal "no ha excluido absolutamente nada de la causa", aunque acto seguido intenta argumentar porqué se dio cuenta a las partes de una parte de las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía y no de otras. "El magistrado instructor acordó, a efectos de poder recibir declaración a las personas imputadas, aforadas ante el TSJCV, la incorporación a la causa de aquellas grabaciones que contenían conversaciones en que habían intervenido personalmente los imputados, y que pudieran guardar relación directa con el objeto del procedimiento", dice el comunicado. Es decir, tuvo en cuenta aquellas grabaciones en las que participaban "personalmente" los imputados en la causa valenciana (Camps, el ex número dos del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Victor Camps y el ex jefe de gabinete de la conselleria de Turismo, Rafael Betoret). De hecho, al presidente se le mostraron algunas de ellas el día en que declaró como imputado.

El TSJCV añade que "todas las actuaciones remitidas, procedentes del juzgado central de instrucción número 5 de Madrid, estaban declaradas secretas para las partes, y se remitieron con la expresa prevención de que se mantuviera el secreto que les afectaba". Con esta reflexión, el alto tribunal parece querer justificar el por qué otro tipo de transcripciones, como las de las conversaciones de Crespo y Correa sobre el asunto de los trajes, no fue trasladada a las partes.

Velar para evitar la indefensión

El TSJCV asegura que "una vez levantado el secreto de las actuaciones, acordado en las diligencias que se siguen en Madrid, el magistrado instructor del caso Gürtel en Valencia dará traslado a las partes, para que éstas aleguen lo que consideren oportuno en defensa de sus intereses". El comunicado finaliza defendiendo la misión del instructor que "es velar por que el procedimiento se sigue con todas las garantías para la totalidad de las partes personadas en el mismo, sin que pueda producirse indefensión".