El Partido Popular interpreta un papel procesal absolutamente «esquizofrénico» que constituye un «fraude de ley». Utiliza su condición de «acusación» para estar presente en la causa Gürtel, para ralentizarla y «obstaculizarla» en defensa de los dirigentes populares imputados, cuando realmente el estatus del partido ha cambiado de acusación a acusado de financiación ilegal, delito contra la Hacienda pública y falsedad documental. Por eso ha de ser apartado de la causa.
Este razonamiento constituye el núcleo de las alegaciones presentadas por el PSPV, que ejerce la acusación popular en el caso, contra el recurso del PP en el que este último partido pedía que se anulara al auto dictado el pasado 25 de mayo por el magistrado Pedreira, quien se inhibía de la causa y la trasladaba al TSJ valenciano. No sin antes destapar el juez instructor de Madrid siete nuevos presuntos delitos que ampliaban el cerco judicial al presidente Camps y al PP.
En su escrito de 20 páginas, el letrado de Ángel Luna y el resto de la dirección del grupo socialista, Virgilio Latorre, concluye que, visto ese «abuso de ley» del PP, «la consecuencia, no puede ser otra que la expulsión del procedimiento del Partido Popular como acusación popular». Los populares, sostiene el abogado, quedaban hasta ahora «extramuros» de una posible «responsabilidad civil subsidiaria de la acción penal», pero «las cosas han cambiado» con la imputación en el auto de Pedreira, que atribuye al partido los citados posibles delitos. Ello genera «un conflicto de intereses», un estado «esquizofrénico que merece una respuesta procesal modificando el estatutos» del PP.
El partido de Jorge Alarte arremete contra los populares, a los que acusan de mantener, siendo acusación, una «estrategia» de búsqueda de una «defensa a ultranza de determinados imputados miembros de su partido que, lo que es más grave, se extiende de este modo a una defensa general de todos los imputados [en alusión a Correa, Crespo y compañía] con su cuestionamiento de la causa, a través de la continua descalificación de la Fiscalía y del proceso». En este sentido lamenta el «atrevimiento insólito» de los populares por esgrimir una supuesta «postura persecutoria de los fiscales respecto al Sr Camps» y por mantener que la «Fiscalía General del Estado —de quien depende la Fiscalía Anticorrupción— actúa en esta causa con inquina ajena a motivos judiciales» contra el presidente.
Una ristra de delitos conexos
El letrado de los socialistas defiende la posición de Pedreira, quien pidió al TSJ de Valencia la acumulación de la causa general que instruyó —la parte que afecta a aforados valencianos— con el asunto de los trajes. Los socialistas entienden, como Pedreira, que hay una clara «conexidad» entre «dádivas y adjudicaciones». Una «relación causal» que, por cierto, «no excluyó de la investigación» el juez José Flors, instructor de la causa de los trajes en el TSJ de Valencia. Por eso «citó a los funcionarios ligados a las adjudicaciones» de contratos de la Generalitat a Orange Market y otras firmas de la red Gürtel.
Que el PP «no vea o no quiera ver conexidad, no quiere decir que no exista», apunta Latorre, quien hilvana así la relación de presuntos delitos. «Es evidente que el cohecho está relacionado (...) con las adjudicaciones —prevaricación—, y que estas adjudicaciones han dado lugar a una financiación irregular del Partido Popular, y por tal motivo se han elaborado facturas falsas —delito de falsedad en documento mercantil—, que han dado lugar a un delito fiscal». «La interrelación es tan estrecha, tan íntima que no ofrece ninguna duda», concluye la acusación popular.
