Define la Justicia como lenta, caduca y agotada, ¿por qué?
Porque no estamos dando la respuesta adecuada al ciudadano, no puede ser que un juicio de faltas tenga una respuesta a cuatro, cinco o seis meses vista en lugar de 15 días. O que los recursos administrativos que se tienen que arreglar en el juzgado de lo Contencioso se estén señalando a año y medio. A nosotros lo que nos gustaría es una Justicia, ágil y eficaz y cercana al ciudadano.
¿A qué achaca ese problema?
A muchas cosas. La primera es la inmensa deficiencia de jueces en España. Tenemos una media de jueces por debajo de diez, ahora está en 9,8 jueces por cada 100.000 habitantes, y la media del Consejo de Europa es de 20 jueces por cada 100.000 habitantes. En Alemania son 24; es decir, tenemos la mitad que en el resto de Europa.
Si sólo pudiera realizar un cambio ¿cuál sería?
Si tuviera que reclamar algo en concreto reclamaría jueces. Pero si tuviera que hacer un cambio de tipo organizativo suprimiría los partidos judiciales y dejaría a la provincia de Valencia a lo sumo con tres o cuatro partidos judiciales, concentraría los juzgados.
¿Y a qué más?
En segundo lugar, la Justicia sigue maltratada, entre comillas, desde el punto de vista presupuestario. Es la gran olvidada de la Administración Pública con unos presupuestos tres veces por debajo de la media de Europa. Y luego, además, una cuestión que para mí es esencial es que sería establecer cuál es la mayor carga de trabajo asumible por un juzgado. No es normal que un juzgado lleve 500, 1.000 o 1.500 asuntos, en algún punto tiene que estar el límite, y a partir de ahí debían haber soluciones inmediatas en cuanto a la creación de órganos judiciales. No puede ser que se descargue todo el peso del sistema sobre los hombros del juez.
¿Por qué no interesa la Justicia a los políticos?
Porque no es rentable electoralmente. A mí lo que me llama la atención o lo que me gustaría dejar claro es que el Poder Judicial es absolutamente económico-dependiente. Por tanto, dependerá siempre de la mayor o menor sensibilidad que tenga el Poder Ejecutivo desde el punto de vista económico, y así no podemos seguir funcionando. No podemos estar constantemente mendigando los recursos necesarios para que el Poder Judicial funcione adecuadamente.
¿Qué se puede hacer?
Hay muchos países donde se destina un porcentaje determinado para el Poder Judicial. Aquí dependemos siempre de la mayor o menor generosidad del Ejecutivo. ¿Dónde está la división de poderes?, ¿dónde se ha visto esto? No tiene ningún sentido. Si tienen intereses políticos, yo empiezo a dudar que les interese que esto funcione. ¿Le interesa a la Administración que funcione correctamente la jurisdicción Contencioso-Administrativa, que es la que controla la calidad de la Administración o la corrupción urbanística? ¿Les interesa que haya una Justicia rápida, la que enjuicia rápido determinados delitos, también los que afectan a los políticos? La Justicia no da votos.
¿Está politizada?
Estoy en radical desacuerdo y que conste que yo soy portavoz de la Plataforma por la Independencia Judicial que presentó un manifiesto. La Justicia no está politizada, lo que sucede es que en el ámbito de los órganos de gobierno hay que hacer un esfuerzo y buscar mecanismos que permitan aislarlos de la influencia política. Es decir, hay una progresiva ocupación del espacio judicial por parte de los partidos porque tienen una tendencia expansiva brutal. Es un espacio que hay que cuidar.
¿Y cómo se hace eso?
Planteamos volver al sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial elegidos por los propios jueces y magistrados. En el año 85, este sistema se cambió apartándose del espíritu de la Constitución. Actualmente, la elección de los vocales del CGPJ depende exclusivamente de los partidos, y se produce una traslación de grupos políticos del Parlamento al CGPJ. Tenemos que plantearnos si es el sistema que queremos o si está fallando. Yo creo que sí, estrepitosamente. Hay que volver al sistema genuino. De los 20 vocales del Consejo, doce eran elegidos por los jueces y ocho por el Parlamento.
«Pretenden una Administración judicial de bajo coste»
El sueldo medio es de 1.000 euros, hay más de cuatro millones de parados y teniendo en cuenta lo que cobra un juez, ¿no suena rara la última decisión de la junta de jueces de trabajar ajustándose a los módulos?
No es un tema retributivo, es un tema de responsabilidad. Es decir, no puede estar el sistema descansando exclusivamente sobre nuestros hombros. No podemos estar trabajando a destajo. Aquí lo que se pretende es una especie de administración de Justicia low cost [bajo coste]. Nuestra capacidad llega hasta donde puede llegar, trabajar a destajo y por encima de lo que son los módulos del Consejo lo que va provocar, por un lado, es aumentar las posibilidades de error, y por otro, una Justicia de inferior calidad, que va a repercutir en perjuicio del ciudadano.
¿Entonces es posible que no hayan sabido explicar correctamente lo que pretendían?
Lo que dijimos es que nosotros hemos estado reclamando una mejora de la Administración de Justicia durante años, con especial intensidad estos dos últimos años, y no se nos ha hecho ni caso, y resulta que la única respuesta que tenemos es la rebaja de salarios, que no nos afecta a nosotros sólo, sino a toda la función pública. Lo único que hemos conseguido en los últimos años, cuando lo que reclamábamos era una mejora del servicio público para la Justicia, ha sido esta respuesta. No nos parece justo, sinceramente. Para toda la función pública, el IPC se ha incrementado en los últimos 25 años un 140 por ciento y los sueldos un 98%. Hemos perdido un 40 por ciento de capacidad adquisitiva.
